Esta mañana 14 organizaciones sociales han presentado dos escritos dirigidos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en los que reclaman «un decálogo de medidas contra las torturas y malos tratos en prisión». La iniciativa llega tras la paliza propinada por parte de tres funcionarios a una persona presa en el centro penitenciario de Villena y la agresión sufrida por la subdirectora de seguridad de la prisión, depositaria del vídeo con imágenes de la paliza, el día antes de declarar en juicio, según informan en una nota.
Entre las medidas, elaboradas junto a familiares de personas presas, las entidades solicitan «la creación de una circular por parte de la Fiscalía General del Estado que recoja los criterios de actuación del Ministerio Fiscal ante una denuncia de torturas». También han solicitado la puesta en marcha de «un teléfono de emergencia gratuito y anónimo para denunciar torturas y reclamar ir a un hospital por agresión». Del mismo modo, las organizaciones sostienen que «es esencial acabar con los puntos ciegos dentro de prisión y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de videovigilancia».
Es esencial acabar con los puntos ciegos dentro de prisión y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de videovigilancia
Al mismo tiempo, señalan en el escrito que «los chalecos de los funcionarios deben incorporar un número identificativo claramente visible» y la SGIP debe «asegurar la formación y evaluación continuas de los funcionarios de prisiones». Además, advierten que, en caso de producirse una denuncia por torturas, se debe garantizar «la visita de personal médico forense en un plazo máximo de 48 horas para constatar lesiones de acuerdo con el Protocolo de Estambul». De la misma manera, se debe acabar con «las represalias y sanciones encubiertas, como son los cambios de módulo, traslado de prisión o los tratos vejatorios, tanto a personas presas que denuncian malos tratos dentro de prisión, como a quienes los presencian».
En sus escritos, las organizaciones sociales también solicitan «más personal sanitario en los centros penitenciarios con el propósito de asegurar una atención sanitaria digna y un mayor control sobre la dispensación de la medicación». En este sentido, apuntan que se deben realizar «investigaciones exhaustivas de las muertes en prisión que son calificadas como sobredosis o suicidios». Por último, instan a que «se ponga fin a las sujeciones mecánicas y al aislamiento penitenciario».
Más personal sanitario en los centros penitenciarios con el propósito de asegurar una atención sanitaria digna y un mayor control sobre la dispensación de la medicación
Las entidades sostienen que la gravedad de los hechos ocurridos en el centro penitenciario de Villena «muestra lo que llevamos años denunciando, hasta qué punto las torturas no son un fenómeno aislado y ni pertenecen al pasado, y lo difícil que es denunciar este tipo de delitos». Al contrario, en opinión de las organizaciones, requiere «habilitar mecanismos de denuncia, garantía y sanción cuando se tenga conocimiento de hechos similares».
Organizaciones sociales firmantes: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Oteando. Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades; Irídia. Centro de Defensa de Derechos Humanos; Salhaketa Nafarroa; Federación Andaluza Enlace; Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza; Federación Provincial Liberación; Salhaketa Araba; Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ); La Red Jurídica; Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón (CAMPA); IACTA Cooperativa d' Advocades; Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), y Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)