Desde los años sesenta, en el Levante español se ha construido de aquella manera. No hay más que darse una vuelta por las playas de Valencia para entender que el chabolismo vertical, el desarrollismo franquista, hizo mucho daño al entorno, a la economía y a la reputación de la sociedad valenciana. Bloques de apartamentos construidos a escasos metros del mar, materiales de una ínfima calidad que con el tiempo acaban cayéndose a trozos y caos o desorden urbanístico, han estado a la orden del día. En no pocas ocasiones ha primado el pelotazo sobre la seguridad de los ciudadanos, la especulación sobre el imperio de la ley y el cumplimiento de la normativa vigente.
Todo ese desastre en el sector de la construcción impulsado por la codicia y la fiebre del dinero –que tan acertadamente refleja la película Huevos de oro, el film de Bigas Lunas sobre el constructor Benito González, ese personaje machirulo, hortera y ambicioso obsesionado con levantar un gran rascacielos en la costa para forrarse–, no solo no se ha corregido, sino que se ha mantenido hasta nuestros días y sigue en el ADN de algunos que continúan buscando El Dorado del hormigón, el beneficio fácil y la burbuja de cemento. Solo un dato: a día de hoy, hay más de 200.000 viviendas construidas en zonas inundables del Mediterráneo español. Es como vivir sobre un polvorín. En los últimos años, la ley de costas ha tratado de poner orden en este sindiós que, mucho nos tememos, ya no tiene solución. Tendríamos que derribar pueblos enteros y zonas residenciales construidas al albur del desarrollismo de los sesenta y del boom del 2000 para garantizar un mínimo de seguridad y calidad en nuestras viviendas.
Habrá que investigar si la tragedia que se está viviendo estos días en Valencia con el voraz incendio en un edificio residencial de 14 plantas en el barrio de Campanar, y que ha podido dejar un reguero de muertos (a esta hora se contabilizan 14 desaparecidos), tiene algo que ver con esa cultura de la anarquía constructiva levantina y con ese carácter fenicio de quienes siguen pensando más en el lucro empresarial que en edificar con todas las garantías legales. Desde el primer momento, tras desatarse el siniestro, se vio que esas llamas no eran normales. En cuestión de minutos, menos de media hora, toda la estructura del bloque ardió por los cuatro costados como si se tratara de un castillo de papel. La rapidez y voracidad del siniestro hicieron pensar, ya en los primeros instantes, que algo había fallado, que algo no tenía sentido.
Con el paso de las horas se ha sabido que el revestimiento de la fachada podría estar fabricado con algún tipo de material aislante altamente combustible que en algunos países de la Europa civilizada está prohibido desde hace tiempo. Recuérdese que uno de esos malditos compuestos fue la causa principal de la rápida propagación del incendio registrado en la torre Grenfell de Londres en 2017, un siniestro que causó la muerte de 71 personas, en su mayoría inmigrantes. Aquel drama fue calcado al que acontece hoy en Valencia. Fuego que se propaga por la fachada, velocidad inusitada de las llamas, un infierno en apenas unos minutos. Aquello provocó la actualización de la normativa europea, pero, ¿qué hemos hecho aquí, en España, desde hace seis años? Poco o nada. Porque si grave es que haya constructoras piratas que juegan con la vida de la gente, más grave aún es que las autoridades, las instituciones, los políticos, en fin, no se tomen en serio el problema. Ahí está el reciente caso de los incendios mortales en las discotecas del polígono Atalayas de Murcia. Una vez más, tuvo que ocurrir la tragedia para que los poderes competentes, o más bien incompetentes, tomaran cartas en el asunto y se pusieran a revisar, una por una, las licencias de apertura de cada local de ocio de la ciudad.
Lógicamente, habrá que esperar al informe pericial de los bomberos y de la Policía Científica, que determinará hasta qué punto el material empleado en la construcción es el culpable de la virulenta deflagración en el bloque siniestrado de Campanar, y en qué medida influyeron las fuertes rachas de viento que esa tarde se desataron sobre la ciudad y que dificultaron las tareas de extinción. Pero todo lo que rodea a este episodio luctuoso nos deja la amarga sensación de que seguimos presos de una burbuja inmobiliaria ciega y letal. “La constructora ha desaparecido, no sabemos quién es”, se lamenta un vecino afectado por las llamas en un informativo de La Sexta. A su vez, el catedrático Antonio Hospitaler, que estuvo en la torre Windsor de Madrid después de que ardiera en 2005, asegura que la propagación por fachada es “mucho más rápida que un incendio al aire libre” y que, si este bloque hubiese sido fabricado con ladrillo y no con un material barato combustible, “no se hubiera propagado”. El aparente lujo que vendía la promotora no dejaba de ser un peligroso low cost.
Lo único cierto a esta hora es que una fachada tiene que ser cien por cien incombustible para considerarse segura y esta no lo era. Si el edificio ha ardido de manera voraz, salvaje e incontrolada, casi como una cerilla, es porque algo no ha funcionado como tenía que haberlo hecho. Ahora produce estupor, tristeza y miedo volver a ver ese vídeo publicitario de la constructora implicada en el siniestro, un rimbombante anuncio en el que una voz en off ofrece a los futuros compradores de la promoción de alto standing “la máxima calidad de materiales de construcción con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad de todo el proceso de edificación”. Edificios vanguardistas y singulares, decían. ¿Vendían humo como el que ahora ha arrasado el inmueble? Catorce personas desaparecidas, decenas de familias sin hogar, pobre gente que ha perdido todo lo que tenía, sus enseres, sus recuerdos, su vida. Un trauma para siempre. Luz y taquígrafos. Investigación hasta el final caiga quien caiga. Respuestas. ¿Pero en qué manos estamos, por todos los santos?
