Conceptos como el teletrabajo, el comercio electrónico, plataformas tipo zoom, videoconferencia, digitalización de la gestión y la producción son ya parte de nuestro día a día en la sociedad actual. Un proceso que se ha acelerado por la pandemia y que en condiciones normales hubiese tardado un década más de desarrollo para ser implementada en las diferentes estructuras sociales.
La transformación digital supone una herramientas clave de estos tiempos disruptivos, especialmente en el entorno laboral, social y cultural. Incorporar la tecnología a los negocios y a los proyectos sociales y culturales supone la necesidad de aportar nuevas maneras de pensar y adaptarse a las demandas de la nueva sociedad digital. Siendo uno de los desafíos más importante de nuestra sociedad y en la que se hace especial relevancia en Iberoamérica y África. Siendo España y, en especial, las Islas Canarias, el eje central más atractivo, propicio y apropiado para canalizar las posibles sinergias.
Garantizar el acceso a las tecnologías digitales es una oportunidad para el diseño de políticas económicas, sociales y culturales; y para desarrollas dinámicas de cooperación público-privada e interterritorial. Una de las claves fundamentales para afrontar el nuevo desarrollo de las regiones.
La crisis ha puesto en una situación comprometida a determinados sectores de tejido social, que deben de adaptarse a la transformación digital o se enfrentarán a un periodo de incertidumbre que puede mermar las capacidades de innovación y desarrollo. Este factor relevante también se puede extrapolar al plano social, formativo, académico y cultural que deben de ejercer como modelo de valor añadido para la transformación del sistema. Una sociedad formada y preparada dará mayor capacidad de desarrollo, innovación y talento a los diferentes tejidos de recuperación y generación de riqueza de los Estados. Es por ello que la adecuación del marco educativo, social, formativo y cultural al marco de trabajo es imprescindible, donde nos ofrecerá la adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías y su inclusión dentro del marco de desarrollo de proyectos y de ofertas. Siendo determinante su articulación conjunta, para proyectar el talento a través del valor profesional, educativo, social y cultural, más allá de nuestras fronteras, siendo relevante el plano comunicativo y, por lo tanto, la capacidad de interconcectar y de crear sinergias colaborativas, para tener mayor impacto en la accesibilidad y transmisión de ideas, proyectos y propuestas y poder materializarlas en las mejores condiciones.
La industria 4.0 se presenta como una gran oportunidad, si somos capaces de afrontar los nuevos retos que nos supone su adaptación y su correspondiente respuesta, en la expansión e inversión en tejido y estructuras digitales, así como el fomento de los diferentes ecosistemas de cuarta generación, para poder desarrollar proyectos y propuestas que incentiven el desarrollo de los territorios.
Para la transformación digital es indispensable adaptar la formación académica a las nuevas necesidades de la sociedad. Siendo importante facilitar el acceso a la formación y a las mejoras de las condiciones educativas y formativas. Lo que implica un mayor apoyo constante a la capacitación y a la digitalización, tanto de la población, en instituciones y administraciones públicas, como en las empresas y organizaciones no gubernamentales. Toda la estructura social debe articularse conjuntamente y bien coordinada para alcanzar los estándares más óptimo para el desarrollo y así mantener las cuotas de confort y bienestar de la sociedad. Una sociedad competitiva y bien gestionada supone una sociedad libre y con capacidad de decisión.
Por ello es fundamental incentivar a los jóvenes hacia las nuevas carreras científicas y tecnológicas, denominadas STEM; fomentando una cultura innovadora, basado en los principios y valores; impulsando el talento como base del desarrollo y el progreso.
Y con la transformación digital sea hace preciso la necesidad de un marco legal que lo regule, que defienda los derechos de los consumidores, de los trabajadores y de las empresas. Crean un marco jurídico que asegura los derechos y libertades del nuevo espacio social que se está construyendo. La colaboración pública-privada es un gran desafío.