La presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borrás, está condenada por eso. Borrás, pendiente de recurso y de un posible indulto que no amnistía, fraccionó la contratación directa de un amigo suyo para la “creación, desarrollo y mantenimiento de la página web de La Institución de las Letras Catalanas”. Un tipo de contratación irregular que ha sido denunciado en multitud de ocasiones.
La última es de la Comunidad Autónoma de Madrid. Concretamente a la dirección general de Secundaria y Formación Profesional, cuya titular, María Luz Rodríguez de Llera, evitó responder, en la Asamblea Regional, sobre este asunto que no la afecta personalmente pero sí a uno de sus antecesores, Alfonso Mateos, al que se señala como responsable de haber troceado las contrataciones para adjudicar directamente las obras de un centro de formación sanitario por un valor estimado de 2,5 millones de euros en el macro complejo educativo Ciudad Escolar de Madrid. El asunto ha pasado a manos de la fiscalía que ha abierto las diligencias oportunas.
Ha sido la propia Consejería de Educación la que ha puesto en manos de la judicatura el asunto. Al mismo tiempo cesó a Mateos, aunque reconoce que puede haber más funcionarios implicados en un asunto tan sencillo como corriente en las administraciones públicas. Según la versión oficial, el caso se destapó cuando se recibió un burofax en el que se exige el pago de “una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios del complejo educativo Ciudad Escolar.”
Los técnicos comprobaron que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación. A continuación “se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”. La investigación concluyó cuando se detectaron contrataciones irregulares en las obras del centro de formación sanitaria mediante el sistema de pagos de facturas cada una de las cuales no llegaba a los 40.000 euros. En total, se calcula que la cantidad asciende a 2,5 millones de euros que han sido cobrados sin mediar contrato formal y sin el oportuno concurso público que requiere este tipo de actuaciones. En el camino, se cesó a Alfonso Mateos, subdirector general de Educación Secundaria, como artífice de esta contratación ilegal y se investiga a los dos directores de centro a través de los cuales se fueron pagando las reformas. No ha trascendido por qué se utilizó ese sistema y quién se pudo beneficiar.
Durante muchos años, las administraciones públicas han utilizado el sistema de trocear los contratos por debajo de los 40.000 euros para que las adjudicaciones no tengan que ser sometidas a concurso. En la administración central está terminantemente prohibida esta práctica y hasta el momento, no se han detectado casos. Pero en las administraciones autonómicas y, sobre todo en las diputaciones y ayuntamientos, el sistema se sigue practicando con demasiada frecuencia sin que el poder judicial haya podido detenerlo.
Existen varias sentencias del Tribunal Supremo, algunas tan relevantes como la del 8 de noviembre de 2011 que confirma la de la Audiencia Provincial de Granada que condena a un concejal que, en funciones de alcalde accidental, había encargado verbalmente unas obras a una empresa para lo cual esta presentaría una serie de facturas que no excediesen del importe establecido para los contratos menores, es decir se realizó el clásico fraccionamiento del contrato con la finalidad de eludir el procedimiento de contratación aplicable en función de la naturaleza y entidad de las obras.
El condenado por un delito de prevaricación argumentó que “no se puede hablar de ausencia de procedimientos” puesto que existieron certificaciones de obras, presupuestos y facturas. La sentencia considera que el mero hecho de que existiera determinada documentación no significa que hubiera existido un procedimiento en cuanto los mismos son posteriores a la actuación ilegal de la cual traen causa. En casi todas las ocasiones en las que estas formas de licitaciones han terminado en los tribunales, los responsables han argumentado la existencia de la documentación oportuna para considerar el acto dentro de la ley de contratos públicos. Pero esa ley se remite al Código Penal en el supuesto de fraccionamientos efectuados de forma deliberada para sortear la concurrencia pública.
Un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona señala que el 85,2% de los casos de corrupción que tienen lugar en España se producen en los municipios. De ellos, el 15,9 % se refieren a amaños en las licitaciones donde figuran los llamados fraccionamientos de contratos para evitar la actuación concursal. Uno de los casos más sonados, que la fiscalía sigue investigando en estos momentos, es el de la localidad murciana de San Javier. Su alcalde, José Miguel Luengo Gallego, del PP, está acusado de corrupción, prevaricación y amenazas por el proceso de licitación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que fue adjudicado a Aqualia. Se trata de un contrato valorado en 247 millones de euros en el que se han hallado indicios de amaños en el proceso de concurso público. Se advierte que durante la licitación se pudo cometer un delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal.
Otro evidente caso de corrupción en las licitaciones se está investigando en Ourense, donde su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, contrató a dedo las obras de unas rampas mecánicas por un total de 5 millones de euros, y, además, lo hizo en plena campaña electoral cuando está terminantemente prohibido este tipo de actuaciones.
Por último, hay que destacar que, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, próximo a Santa Cruz de Tenerife, su alcalde, Luis Yerai, está procesado por haber fraccionado cientos de concursos para dar lugar a contratos menores que podía adjudicar a dedo. Se destaca que las empresas beneficiadas estaban administradas por familiares suyos y que se habrían distraído unos tres millones de euros públicos.
Son sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo en este país. Y no aprenden. Saben que las licitaciones se deben de llevar a cabo con las formalidades establecidas en la ley y que si no se hacen se está expuesto a una denuncia por prevaricación administrativa. Aun así, hay funcionarios en las administraciones que insisten en llevar a cabo este tipo de prácticas.
