Una mujer denuncia la colaboración de los Servicios Sociales para robarle a su hija en favor de su pareja

En el tranquilo municipio de Vendrell de Tarragona se vive desde hace nueve años una escalofriante historia digna de una película de terror. Es la dramática vivencia de Nathalia, una madre –pediatra de profesión, con recursos y estabilidad- a la que los Servicios Sociales municipales consiguen quitarle la custodia de su hija de cuatro años, según las declaraciones a Diario16 de su hermana, Judith Martínez Velasco, y que están recogidas en el libro de Consuelo García del Cid, El desmadre de los servicios sociales. Una experiencia de vida desgarradora y cruel que también llegó a comisión en el Senado.Una mujer que denunció por maltrato a su pareja, del que se divorció cuando la pequeña tenía tan sólo meses de vida, –también médico de profesión- y, sin saberlo, activó el mecanismo más dramático de odio y venganza que le llevó a la ruina personal al estar alejada de su hija, a la que no ha podido ver durante cinco años, y también a la económica.Diario16 comenzó el pasado sábado una serie de análisis y denuncia sobre lo que puede estar pasando en los centros de menores, la retirada de tutela de los progenitores y la gestión de los Servicios Sociales. Hoy, iniciamos relatos y vivencias de madres y padres desesperados que, sin avisos previos, vieron cómo de la noche a la mañana perdían a sus hijos. Desde el medio, adelantamos que habrá casos duros que pueden dañar la sensibilidad de nuestros lectores y que somos conscientes que el camino de la denuncia será difícil y complicado.La historia es tan dramática que a veces cuesta creer. Y más en los tiempos en los que nos han metido en vena que en casos de custodia las madres siempre ganan y que todo el entramado judicial está creado para beneficio de las progenitoras y en perjuicio de los varones.Juzguen ustedes mismos.El caso de Natalia Judith Martínez, la hermana de Natalia, da la cara por ella y por su sobrina, hoy a punto de cumplir 13 años.Esta es la historia de una mujer que denuncia a su marido por maltrato. “Es el prototipo de hombre encantador en la calle y del que cualquier vecino hablaría bien, pero que en su vida personal es posesivo, envidioso y maltratador psicológico”, explica su hermana. Nathalia le denuncia por maltrato, pero nunca llegó a ser juzgado. A partir de ahí, el padre de la menor –que tiene la custodia compartida con la madre de una niña de cuatro años- contrata los servicios de una abogada que, a su vez, es la asesora externa legal para el Ayuntamiento de Vendrell. Aquí comienza la primera irregularidad al ser la letrada juez y parte del caso.En los tiempos de visita del padre–bien asesorado por la abogada que conoce al dedillo por trabajar para Servicios Sociales todos los entramados de la Administración-, y sin saberlo la madre, la niña es sometida a análisis y valoraciones, en las que los informes siempre dejan en mal lugar a la madre. Pero jamás hubo aviso del Ayuntamiento o del servicio de Atención al Menor de lo que estaba pasando. En este sentido, Judith destaca que “la indefensión de mi hermana fue absoluta”.La tragedia se hace evidente cuando una tarde Nathalia va a buscar, como cada día, a su hija al colegio francés donde estudia y le dice el director que se han llevado a la menor. Aquí comienza un calvario, ya que no vuelve a ver a su hija hasta cinco años después.Judith explica que “desde Protección de Menores se inicia el proceso de desamparo y les privan de la patria potestad a los dos progenitores basándose en “unos informes sin transparencia”. Sin embargo, aquí se produce la más que posible segunda irregularidad, cuando la Generalitat de Cataluña asume la tutela de la niña, pero permite que la menor viva con su padre.Nathalia tendría derecho a un régimen de visitas estricto donde puede ver a la niña con presencia de los Mossos. Sin embargo, la madre nunca llegó a recibir las notificaciones de Servicios Sociales de estas visitas, por lo que no puede presentarse y así se la Administración decide retirarle esta opción por no acudir al punto de encuentro con su hija.Aquí se desata, según Judith, “una maquinaria corrompida e imparable, donde a mi hermana se le niegan los derechos más fundamentales de un ser humano”.Y aquí empieza un largo y penoso procedimiento judicial que no se soluciona hasta cinco años después, cuando la madre por fin consigue que un Juzgado reconozca que no dejó de acudir a las citas que le otorgaba la administración y le concede un régimen de visitas para poder estar con su hija cada fin de semana alterno. “pero no le reconocen su derecho a las vacaciones”, explica.Desde entonces, los procesos legales siguen su curso, con recursos, pago de costas y todo tipo de trabas, según manifiesta la hermana de la afectada a Diario16: “mi hermana vive en la pobreza absoluta porque le pasa a él para mantener a la niña 1.200 euros mensuales, y además asume las costas que han superado ya los 28.000 euros en un proceso administrativo y legal interminable”.Nathalia pasa al padre una pensión alimenticia elevada, mientras es la madre la que paga la ropa y los caprichos normales hoy en día de una menor de 13 años. Judith insiste en que “Este señor tiene dos viviendas, una alquilada, y mi hermana no dispone ni de una vivienda propia”. Judith, también cuenta a Diario16 que se trata de una experiencia aterradora que ha destrozado la vida de su familia. Según explica, “te roban a su hija, se le roba la libertad, con más de diez procedimientos penales costos e interminables y cuando en cualquier procedimiento de primera estancia le condenan a costas”. “Es como si mi hermana no tuviera derecho a la justicia”, afirma con rotundidad.Todavía hoy, nueve años después de aquella terrible tarde en que Nathalia perdió a su hija, su hermana se pregunta “Cómo puede la Fiscalía permitir que esta abogada trabaje y cobre por ambas partes”.Judith habla muy deprisa, como si no tuviera tiempo para contar todo el calvario que viven desde hace nueve años. “A mi hermana se le niega recurrir judicialmente. Le suspenden las visitas en base a que no le notifican las visitas una vez al mes con Los Mossos. Mi hermana recurre en vía administrativa. Lo pone en el juzgado del municipio, se guarda la causa durante cuatro meses y así prescribe”, confirma, mientras envía documentos a Diario16 que corroboran su versión.SIMICAT Así, Judith, convencida de que el desamparo administrativo y legal es total contra su hermana, crea la asociación SIMICAT(STOP Impunidad Maltrato Infantil). Su objetivo es contribuir a cambiar las relaciones de las instituciones con el ciudadano y garantizar los derechos fundamentales de los menores.En medio hay detenciones contra la madre, la tía, la abuela de la niña, informes en los que se dicen que la madre y la hermana están mal de la cabeza, noches en el calabozo. Todo el sistema judicial se ha empleado a fondo contra estas mujeres que no han cejado en su empeño en recuperar a la pequeña, hoy una adolescente de trece años que ya ha declarado ante el juez que quiere vivir con su madre y no perder la relación con ninguno de sus dos progenitores.Según explica Judith en el libro de Consuelo García del Cid, “actualmente mi hermana puede ver a su hija fines de semana alternos. Se ha interpuesto un procedimiento civil de modificación de medidas, donde se explica una vez más que todo esto se hace para privar a una niña de su madre y pedimos que las visitas con el padre sean tuteladas, puesto que tememos que esté maltratando a su hija durante estos años, y la mujer con la que está, también”.Nathalia pidió la guardia y custodia en marzo de 2017 y todavía no se ha celebrado el juicio.Judith, por su parte, ha iniciado un procedimiento penal para demostrar los más de 28.000 euros que ya lleva su hermana embargados por denuncias, pago de costas de prodecimientos judiciales etc. Según explica, “es que el padre de la niña miente hasta en la cantidad embargada y curiosamente en el juzgado no aparecen las notificaciones de embargo que se le ha hecho a mi hermana de su sueldo de Pediatra”. Consuelo García del Cid Guerra, quien colabora con Diario16 en dar a conocer casos como el de Nathalia y su hija, explica que “cada vez acuden más familias a pedir ayuda a los Servicios Sociales, y la ayuda no se vierte en las familias, les quitan a los hijos y se paga a los centros tutelados cantidades enormes que podrían resolver para siempre la vida de esas familias”Cómo es posible –se pregunta esta escritora- “que cinco policías entren en tu casa y retiren –sin notificación previa- a los hijos de tus brazos”.En España van naciendo cada mes nuevas asociaciones de madres y padres afectados a los que los Servicios Sociales les han quitado la patria potestad y la custodia de sus hijos. Así está, entre otras muchas entidades, SOS Desamparos, Desterradas hijas de Eva, Luchamos por ellos, una asociación de trabajadores sociales contra el sistema en Burgos, que se llama Saltando Saltos. También está la asociación de Madres Corajes y otras muchas que se están organizando para denunciar lo que califican como un robo de menores por parte de los Servicios Sociales.Consuelo se pregunta “¿Y por qué no han salido mil madres a la calle? Con esto se visibilizaba y nadie lo podría parar. Las mismas víctimas se autocensuran entre ellas, hay miedo, inseguridad, falta de medios”, confirma esta escritora que, tras denunciar estos casos en el Senado, tendrá que vérselas en el juzgado con un juez al que nombró en estos casos de procedimientos judiciales irregulares.Pero el tema ya es imparable. De hecho, otra asociación, Aprodene, ha presentado una denuncia en Fiscalía de más de 800 tutelas retiradas de forma injustificada.En Madrid, recuerda esta escritora, se pusieron cinco mujeres en huelga de hambre y consiguieron que el Fiscal se comprometiera a estudiar su caso.En Mallorca hay otro grupo de progenitores que también se pusieron en huelga de hambre. Según recuerda García del Cid, “funcionarios de los servicios sociales les dijeron que si dejaban de llamar la atención les concedían más visitas con sus hijos”.Diario16 continuará publicando casos en los que dará voz a quien no lo tiene y ha perdido a sus hijos por medidas poco regulares. También, como el pasado sábado, hablará con profesional de esos Servicios Sociales que hacen bien su trabajo y que consideran que debiera haber más control sobre esta retirada de custodia y otros que ya han denunciado irregularidades con un sistema público que, en principio, entendemos que protege a los menores y trata de otorgarles un futuro mejor. Por desgracia, no siempre es así. Con sólo un caso de error administrativo, esta serie de crónicas de vida desgarradoras ya hubiera merecido la pena. Pero son más. Continuaremos.