El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Una investigación que se suma a la que ya instó el grupo o sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del líder socialista. Los abogados de esta organización están siempre atentos a cualquier rumor o recorte de prensa para interponer las correspondientes denuncias contra el izquierdista de turno, iniciativas que generan terremotos políticos y desestabilización en la democracia, pero que la mayoría de las veces suelen quedar en nada y terminan archivadas por los jueces. En realidad, no están inventando nada: estamos ante una especie de nuevo macartismo o caza de brujas (mejor caza al rojo) que ya se practica, desde hace décadas, en otras democracias como la estadounidense.
Antes del caso Begoña Gómez, la actividad de Manos Limpias había crecido de forma notable, con un amplio historial de denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el exvicepresidente, Pablo Iglesias; y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, todas ellas archivadas o rechazadas. La última de las acciones archivadas iba dirigida contra Sánchez y dirigentes del PSOE y del Gobierno por la aprobación de la ley de amnistía.
Los letrados de ML también han llevado a los tribunales el falso informe PISA sobre la financiación de Podemos en 2016 y al portavoz de Esquerra Gabriel Rufián por revelación de secretos oficiales o a Pere Aragonès por el modelo de inmersión lingüística. Todas esas iniciativas fueron archivadas por el Supremo, como sus denuncias contra la entonces ministra Dolores Delgado y su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, o como lo fue, en este caso por un juzgado de Madrid, su denuncia por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Actualmente Manos Limpias está personada en la causa que se sigue en un juzgado de Majadahonda por presuntos delitos de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y se ha archivado recientemente la causa abierta contra la revista satírica Mongolia por una portada que satirizaba un belén que, a juicio de los demandantes, ofendía los sentimientos religiosos. El belén, como suele decirse coloquialmente, lo suelen montar los abogados de ML, auténticos especialistas en la agitación judicial. La técnica jurídica de este bufete suele ser más bien defectuosa, burda o ramplona, pero a la asociación no le interesa tanto si la querella llega a buen puerto o no como el impacto que pueda tener en los medios de comunicación. Le basta con que la acción sea admitida a trámite por el juez y que provoque el consiguiente revuelo político y mediático. A río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso ganancia de Feijóo y Abascal, que son quienes suelen sacar rédito electoral de estas prácticas que no superarían un mínimo test deontológico en cualquier colegio de abogados de provincias.
Curiosamente, Manos Limpias nunca dirige sus espectaculares acciones judiciales contra políticos de la derecha española. Ellos se jactan de haber llevado a la infanta Cristina al banquillo por el caso Noós, pero eso no tiene ningún mérito: cualquiera sabe que un falangista de pro es profundamente antimonárquico. Están en los tribunales para lo que están, para hacer de inquisidores contra la izquierda y para boicotear a todo aquel político más o menos progre que se atreva a traspasar los límites del atado y bien atado, o sea del gran legado franquista. Disparan a discreción contra el enemigo (alguna bala acertarán), promueven investigaciones prospectivas prohibidas por ley, alientan el juego sucio en la Justicia. Degradan el sistema.
Más allá de que las denuncias contra familiares del presidente del Gobierno lleguen a cuajar o no en sentencias condenatorias (eso lo tendrán que decidir los jueces), Manos Limpias ha venido a ocupar el papel o rol de aquellos viejos comisariados fascistas que trataban de amedrentar a los demócratas en otros tiempos. La sombra de la amenaza de una denuncia o querella, con penas de cárcel, inhabilitación y multa (esta última conduce a la muerte civil a quien la padece) disuade bastante a todo aquel político que llegue al poder con ideas reformistas demasiado peligrosas para el estatus de las élites financieras y políticas más reaccionarias. Desde ese punto de vista, ML se comporta como el brazo armado judicial del nuevo fascismo posmoderno. Sirven a unos intereses y a unos amos (generalmente en la sombra) y cumplen a la perfección con su cometido.
Es evidente que la izquierda está jugando en desventaja ante una organización, más poderosa de lo que parece (no solo por recursos, sino por contactos en las altas esferas), que mantiene el monopolio de la guerra sucia judicial en el frente de la abogacía. Y aquí cabe plantearse si no sería necesario que la sociedad civil democrática, los partidos progresistas, la izquierda o lo que quede de ella, los sindicatos y las oenegés en defensa de los derechos humanos se organicen en una especie de sindicato alternativo capaz de plantar cara, en los juzgados y tribunales, al fascismo judicial organizado. Quizá sería una buena idea financiar un bufete de abogados del pueblo pero que trabaje bien, más fina y profesionalmente que los letrados ultras, reuniendo datos, pruebas e indicios de posibles delitos cometidos por la derecha, que son muchos, aunque a menudo sean archivados prematuramente. Las portadas de los periódicos regionales están llenas de escandalillos que no se investigan, el caciquismo de toda la vida. Basta con leer los titulares de la mañana.
En las sociedades modernas ya no basta con una Fiscalía o unas fuerzas de seguridad del Estado que persigan los delitos. A diario se originan decenas de casos, grandes o pequeños, casazos o casillos, pero que merecen ser investigados tanto o más como los que atañen al PSOE y a los partidos de izquierdas. Asuntos que pueden tener su impacto en la opinión pública y su repercusión política. En otros países como Estados Unidos son frecuentes este tipo de despachos que se dedican a defender los derechos humanos de los abusos generalmente cometidos por los poderes fácticos, mayormente las grandes empresas y la banca. Bastaría con copiar el modelo y convencer a las élites progresistas de este país de que financien un bufete que se antoja tan urgente como necesario. Según fuentes jurídicas, esta idea ya se está barajando entre algunos partidos y sectores de la izquierda. Ha habido contactos entre diferentes actores interesados y no solo en Madrid. Por si finalmente cuaja el proyecto, ahí van algunos nombres para la futura asociación como Justicia del Pueblo; Democracia y Libertad; o Se Acabó la Fiesta del Lawfare. Lo de que un sindicato ultra se llame precisamente Manos Limpias, ellos con un pasado tan turbio, ellos que liquidaron el Estado de derecho, es la mayor infamia que se ha escuchado últimamente. Ya está bien de sarcasmos.
