La flamante presidenta de los jueces, Isabel Perelló, pertenece a la sección tercera de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, la misma sala que preside Pablo Lucas al cual se desestimó para ocupar el cargo no por su condición masculina sino por haber sido ponente de sentencias que anularon algunas de las resoluciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de memoria democrática. El juez daba el perfil progresista, o, al menos eso decían los conservadores. Pero fue rechazado y, ahora resulta que se ponen de acuerdo para elegir a una compañera perteneciente a la controvertida sección tercera de esa sala. Perelló asumió no sólo esa resolución sino muchas otras que han supuesto un serio desgaste para el gobierno. Es la sección favorita de los abogados de Vox porque saben que sus recursos no sólo van a ser escuchados sino asumidos. Tal vez por eso, algunos periodistas que conocen muy bien los tribunales españoles han querido matizar el calificativo de “progresista” para la nueva presidenta del Supremo, señalando que simplemente es “dialogante”.
Es cierto que Isabel Perelló pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia. También lo es Ana Ferrer, su contrincante y compañera de la sala segunda de Lo Penal. Pero Ferrer es más batalladora y, por lo tanto, más controvertida en un mundo donde el conservadurismo es el factor dominante entre sus miembros. No es el caso de Perelló que en todo momento ha sabido equilibrar sus convicciones sociales con su cometido en la sala donde anidan los halcones de la derecha judicial, la que se encarga de solventar los conflictos que afectan, entre otros, a los organismos reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Competencia y el Banco de España, y resuelve los recursos de los actos derivados del consejo de ministros, y de las comisiones delegadas del gobierno.
El presidente de la sección tercera es Eduardo Espín Templado, un juez murciano próximo a la edad de jubilación, especialista en derecho constitucional y letrado del Tribunal Constitucional. Un miembro de ella, José Manuel Bandrés, tiene su historia. Fue propuesto por el sector progresista del anterior CGPJ para ocupar una de las vacantes del TC que le correspondía designar al órgano de los jueces cuando estalló el conocido escándalo de la renovación parcial de la corte de garantías, la que boicoteó el anterior presidente González Trevijano. Los vocales conservadores se negaron a aceptar su candidatura entre otras cosas porque se le conoce como autor de la sentencia sobre “inmersión lingüística” como ponente de la Audiencia Territorial de Barcelona. Sobre dicha sentencia comentó, en una entrevista concedida a La Vanguardia, que “hasta entonces la doctrina era que los profesores sólo estaban obligados a saber español. Pero ya le decía que, ante todo, somos garantes de los derechos de todos y teníamos que preservar el de los escolares a dominar las dos lenguas de su país”. Otro magistrado, Eduardo Calvo Rojas, es conocido por haber sido el ponente de las sentencias que anulan sanciones administrativas decretadas por los organismos reguladores. En una de esas sentencias, Calvo Rojas se queja de que “los graves problemas prácticos que provoca la mala técnica legislativa y el nulo control ex post de la calidad de las normas están mermando nuestra capacidad competitiva como sociedad y como país. Por ello, es importante que exista un gobierno y un parlamento que se dedique a legislar para resolver esos problemas y afrontar los graves retos que provoca una sociedad que envejece en una Europa en crisis. Y el que los líderes políticos no hayan estado a la altura de la ciudadanía a la que dicen representar no les deja en una buena posición”. Toda una exposición de motivos. Y por último, además de la flamante presidenta, está José María del Riego Valledor participe de una sentencia fechada a primeros de este año en la que anula las subvenciones otorgadas a la CEOE y a UGT por valor de 30 millones de euros por el incumplimiento de los trámites legales establecidos para la concesión de este tipo de ayudas, entre otros la concurrencia en concurso público.
Es paradójico que una sección donde aparecen jueces con fama de progresistas sea la autora de sentencias discutidas. La más significativa es la anulación del ascenso de Dolores Delgado a fiscala de sala efectuado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y no por la resolución en sí, sino por los argumentos que utiliza el ponente. Considera la sala que hubo “desviación de poder” y que la única finalidad de esa designación era ascender a Delgado después de que esta hubiera dejado el cargo de fiscal general del Estado. El TS consideró que la motivación del fiscal general del Estado al proponer a Delgado como responsable de la fiscalía togada fue asegurarle un ascenso, y que con ello se apartó de su deber de cubrir las vacantes en la fiscalía “fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito”. La sentencia contó con la unanimidad de todos los jueces.
Hay otros magistrados que, sin pertenecer a la sección tercera, influyen en las sentencias de la sala. José Luis Requero escribió un artículo en el periódico conservador La Razón en el que señalaba que el Tribunal Constitucional y la fiscalía general están “apesebrados”. García Ortiz le recusó junto a Pablo Lucas, Luis Díez-Picazo y Antonio Jesús Fonseca-Herrero por considerar que están contaminados para decidir sobre el recurso contra su nombramiento presentado por las asociaciones de fiscales conservadoras.
Por lo tanto, Isabel Perelló procede de una instancia muy controvertida que últimamente ha dictado resoluciones utilizadas por la derecha para desgastar al gobierno progresista, algo que no debe hacer nunca un juez quien, al redactar resoluciones, debe de tener en cuenta no sólo la interpretación de la ley sino la repercusión que puede tener en la sociedad. Si los vocales progresistas del CGPJ pusieron reparos a Pablo Lucas, a Isabel Perelló habrá que examinarla a fondo. Su procedencia no es, precisamente, la mejor posible.