“Aquel a quien toco se derrumba”, escribió Kafka. Y eso parece ocurrir con todo aquel (o toda aquella) que tiene trato político con Isabel Díaz Ayuso. Es el caso de cierta edil de un municipio madrileño gobernado por el PP. En enero de este año, la presidenta regional vinculó sin pruebas a inmigrantes con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares, informa la Cadena Ser. Esa información no veraz fue conocida por la lideresa tras una reunión con la alcaldesa del municipio alcalaíno. Al día siguiente, cuando se descubrió el bulo, Díaz Ayuso se puso de perfil y “dirigió la polémica hacia Judith Piquet”. O lo que es lo mismo, una noticia falsa que difundió Isabel Díaz Ayuso tras reunirse con la alcaldesa y que, tras ver que le iba a estallar en la cara, eludió para echar el bulto a Piquet, tal como publica el HuffPost. Así se las gasta Ayuso, tira la piedra tuitera y después esconde la mano.
Hoy el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares ha citado a la alcaldesa a declarar en calidad de investigada el próximo 19 de noviembre por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documento en relación a la supuesta filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes, informa Europa Press.
En el auto de citación la jueza llama a declarar también al jefe de prensa del Ayuntamiento de Alcalá y a testificar al jefe de la Policía Local de esta localidad. Fuentes municipales señalan que la alcaldesa confía en que se archive el procedimiento.
La causa, en la que el PSOE ejerce la acusación popular, guarda relación con la polémica creada a mediados del pasado mes de enero, cuando Piquet aseguró en varias intervenciones públicas que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido en las que se refería que el responsable era un varón negro y joven. Según la SER, la denuncia de la Fiscalía ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares.
En una huida hacia adelante, responsables del PP madrileño publicaron en redes sociales un informe elaborado por la Policía Local del municipio sobre una agresión a una mujer cerca del cementerio de la ciudad. “Ese informe de incidencia recoge los rasgos de los atacantes, pero no detalla ningún tipo de ataque sexual. La víctima fue atendida de varias lesiones porque fue derribada sobre la acera. Ahora la Justicia quiere saber cómo pudo llegar ese documento confidencial a manos de terceras personas que además le dieron publicidad”.
Y al frente de la Policía Local de Alcalá de Henares se encuentra la alcaldesa, primera y última responsable de las labores de este cuerpo de seguridad pública. Ese mismo 19 de noviembre han sido también citados, pero en calidad de testigos, altos mandos de esa Policía Local, que son los responsables últimos de la elaboración del informe. El delito de infidelidad en la custodia de documentos se imputa a funcionarios y cargos con responsabilidad ejecutiva. No lleva en ningún caso aparejadas penas privativas de libertad, pero sí la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 1 a 3 años.