Pánico en la sección primera de la sala de Lo Penal de la Audiencia de Sevilla. De sus tres integrantes sólo uno se encuentra en activo, uno de los otros dos, el que fue ponente de la pieza política del caso ERES de Andalucía, Juan Antonio Calle, se ha jubilado, y la otra integrante, la magistrada, Encarnación Gómez, se ha trasladado a Alicante y, encima, aunque se la pidiese el favor de pedir comisión de servicio para elaborar la nueva sentencia, no lo podría hacer porque ha pedido excedencia para cuidar a un familiar. Total, que sólo hay un magistrado habilitado para cumplir las ordenes del Tribunal Constitucional de redactar un nuevo fallo. Y ello ha obligado al Tribunal Superior de Justicia a consultar al Consejo General del Poder Judicial lo que se puede hacer. Mientras tanto, los condenados se encuentran en un limbo jurídico. La corte de garantías anuló la sentencia y exigió un nuevo fallo que, si se siguen los criterios legales, no se puede elaborar por falta de quorum.
Juan Antonio Calle pidió la jubilación anticipada para dedicarse a ejercer la abogacía. No existe instrumento legal alguno para que el magistrado recupere su puesto por lo que queda descartado. De su compañera Encarnación Gómez ya se ha contado su situación personal. Se la ha concedido excedencia por un año por lo cual es imposible hacerla retornar a su actividad y el traslado a Sevilla al menos a corto plazo. Sólo queda Pilar Llorente como miembro del tribunal original. Según el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Rio, “lo normal es que las sentencias las pongan los mismos. Así lo dice la regla general”. Pero esa regla general no sirve en este caso por lo que es necesario buscar una alternativa que se ajuste a la normativa vigente.
La ley orgánica del Poder Judicial no contempla esa posibilidad de la que avisó la única jueza en activo de la sección, Pilar Llorente. Pero el Consejo General del Poder Judicial sí está habilitado para buscar alternativas a situaciones como esta cuando entre sus competencias se señalan “las cuestiones que afectan al gobierno y administración interna del tercer poder del Estado: el nombramiento y ascenso de jueces y magistrados, junto a las situaciones administrativas, licencias, permisos, prohibiciones e incompatibilidades, la inspección de Juzgados y Tribunales y el régimen disciplinario judicial”. Y esta no deja de ser más que una “situación administrativa” que debe resolver la comisión permanente. De momento esta cuestión no está incluida en el orden del día del órgano de gobierno de la judicatura.
Lo lógico es que el consejo autorice al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a cubrir esas dos plazas vacantes. También cabe la posibilidad de que se obligue a otra sección a la apertura de un nuevo juicio oral. Una repetición parcial de un proceso que se alargó durante un año. Como dice el presidente del TSJA, poner en marcha un nuevo juicio supondría “un problema de tiempo enorme”. Las defensas apuestan por un traslado de los expedientes a la hipotética nueva sala que se constituya no sólo para este caso, sino para cubrir las vacantes con carácter definitivo para poder resolver otros asuntos que se empiezan a acumular en los juzgados.
Lorenzo del Río habla de otra posibilidad. Esperar a que Encarnación Gómez termine su periodo de excedencia y recupere su plaza en la sección tercera de la Audiencia de Alicante para solicitarla una comisión de servicio. Demasiado tiempo cuando se daba por seguro el inicio de los debates en septiembre. Es verdad que la situación de los condenados no requiere urgencia alguna. Todos han salido de la cárcel, pero la incertidumbre que genera una espera de este tipo no es buena para la salud mental de unos ciudadanos que, hoy por hoy, no han recuperado todos sus derechos. Están en un limbo jurídico. No se pueden considerar absueltos porque no dice eso la sentencia del Tribunal Constitucional salvo en el caso de uno de ellos, Ángel Serrano Aguilar, quien quedó libre de toda culpa.
Pero están los casos de Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, que quedaron en libertad, pero sobre ellos sigue pensando una “condena provisional”. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, en libertad debido a su enfermedad, está condenado por malversación y el tribunal debe revisar su sentencia adaptándola a los criterios establecidos por el Constitucional. Por lo tanto, hay que preguntarse cual es su situación legal. Su abogado defensor asegura que mientras no hay condena porque la que se le impuso se anuló, se debe considerar la presunción de inocencia, pero no todos los expertos están de acuerdo. Algo parecido ocurre con la prevaricación de Manuel Chaves también pendiente de revisión.
Un limbo jurídico del que se esperaba una salida inmediata. Una resolución para principios del año que viene que no va a llegar a tiempo. Como muy pronto, un nuevo tribunal no se pondrá a trabajar hasta enero considerando el periodo inhábil de las navidades. El Consejo General del Poder Judicial tardará en pronunciarse un mes como poco teniendo en cuenta la carga de trabajo que tiene en estos momentos como es la cobertura de ese centenar de plazas de jueces y magistrados a cubrir en el Supremo, en los tribunales superiores territoriales y en las audiencias provinciales, la organización interna mediante la constitución de las nuevas comisiones de trabajo, y el debate del informe sobre la forma de renovación del CGPJ cuando el actual cumpla sus cinco años de mandato porque el acuerdo entre el PSOE y el PP que desbloqueó la situación obliga a los vocales a elaborar este informe en seis meses. El plazo concluye en febrero y la situación interna del consejo no es precisamente la más proclive al acuerdo. Se esperan fuertes debates con la posibilidad de un aplazamiento de muchas de las cuestiones cotidianas, entre otras, encontrar una solución al problema de la sección primera de la Audiencia de Sevilla.
Y luego están las prisas del Tribunal Constitucional. La corte de garantías, casi con toda seguridad, apremiará al TSJA para que se resuelva ese asunto mediante la elaboración de la nueva sentencia que se adapte a los criterios establecidos. El problema es que, por mucha prisa que se den, la nueva sentencia va a tardar y veremos de qué forma de hace. Nadie, de momento, se atreve a avanzar la fórmula que se escogerá.