Sorprende el arrebato democrático que le ha entrado de repente a Pablo Casado para solucionar los males endémicos del Poder Judicial. Y llama la atención porque estamos hablando del líder de un partido, el PP, que cuando ha estado en el Gobierno jamás se ha tomado en serio el problema de la politización de la Justicia. No obstante, el eterno aspirante a la Moncloa ha decidido sacar del baúl de los recuerdos el traje de Montesquieu, lo ha desempolvado un poco y se lo ha enfundado como si tal cosa. Bien es cierto que la indumentaria de demócrata le viene un poco grande, sobre todo teniendo en cuenta que sigue instalado en la frontera de lo antisistema al negarse a renovar los cargos institucionales; que su partido acaba de ser condenado a título lucrativo por el Tribunal Supremo en el caso Gürtel (el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente); y que las cloacas del Estado organizadas durante los años de gobiernos populares siguen regurgitando mugre y corrupción como para parar un tren.
Pese a todo, a Casado le han entrado las prisas por mejorar el pisoteado, vilipendiado y estuprado Poder Judicial español, mayormente en lo que se refiere a la Fiscalía General del Estado, que por lo visto le quita el sueño (algo que por otra parte no extraña teniendo en cuenta la cantidad de asuntos pendientes que pesan sobre Génova 13). En el documento que presentó ayer, Casado recuerda que la Constitución Española exige la necesaria limpieza del Ministerio Fiscal al “disponer que el Ministerio Público ejerce sus funciones con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad”. Es evidente que esa sugerencia (más bien reproche) va directamente dirigida contra Dolores Delgado, que en la actualidad ostenta la máxima responsabilidad entre los fiscales españoles. El líder popular tiene auténtica fijación con ella, y no solo porque hablamos de alguien que fue ministra de Justicia socialista y que ahora regresa a la carrera judicial (donde ha acreditado sobradamente su preparación profesional como jurista en materias tan complejas como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional), sino porque es peligrosa para los intereses del PP. En efecto, la fiscal general ya ha desmontado algunos complots políticos bien cocinados por los guionistas de la Netflix del PP, todos ellos avezados expertos en el “trumpismo” rampante y el lawfare o guerra judicial a cualquier precio. Casado, siguiendo el ejemplo de Vox de judicializarlo todo, ha contribuido con su discurso de la crispación a urdir denuncias y querellas sin pies ni cabeza, como esa enloquecida macrocausa general contra el feminismo y la manifestación del 8M a la que los populares atribuían (apoyándose en chapuceros informes policiales basados en meros rumores y recortes de prensa) toda la responsabilidad en la propagación de la pandemia de coronavirus. Aquella disparatada trama fue pertinentemente archivada y hoy el nuevo bocado suculento de Casado se llama caso Dina, con el que el PP pretende arruinar la carrera política del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aunque el asunto también va camino de quedar en nada.
Está bien que el PP se plantee ahora la reforma de la Fiscalía General del Estado para descontaminarla políticamente, aunque cabe plantearse por qué no lo hizo en su momento, cuando estaba en el poder. En 2017, gobernando Mariano Rajoy, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza (puesto a dedazo por el registrador gallego), tuvo que salir a la palestra tras el escándalo de las purgas contra los fiscales que perseguían por corrupción al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. Como ya se sabe, el sumario fue archivado a las primeras de cambio, pero llovieron críticas a Maza como chuzos de punta. “Me indigna que se esté pensando que somos como una pandilla de forajidos y que damos órdenes todos los días diciendo quita eso porque es amiguete o esto no porque me ha dicho el ministro que no se persiga”, se defendía el fiscal, como gato panza arriba, a preguntas de los insidiosos periodistas.
No fue el único caso de control y manipulación de la Fiscalía en aquellos años de gobiernos populares, como se demostró en el polémico juicio al “procés” contra los políticos independentistas catalanes, a quienes se sentó en el banquillo de los acusados por rebelión, una figura legal que la Fiscalía de aquellos años metió con calzador por influencia del Ejecutivo Rajoy para dar un duro escarmiento al mundo soberanista. El montaje de los fiscales de cabecera del PP quedó debidamente desbaratado cuando la sentencia del Tribunal Supremo corrigió el abuso al condenar a los procesados por sedición y no por rebelión (y no será necesario insistir más en aquel turbio asunto que dejó ríos de tinta). Solo recordar que todavía está por aclarar cómo funcionaba la Policía Patriótica del PP de aquella época oscura, un escabroso suceso del que apenas empezamos a conocer los primeros datos después de que la Operación Kitchen −la trama de espionaje político detectada durante el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz− haya estallado en los tribunales.
La hemeroteca es puro veneno para el PP, que sabe latín y griego sobre cómo controlar y amordazar a los fiscales, por mucho que Casado pretenda ponerse exquisito ahora con la cantinela utópica de la separación de poderes. Su proyecto de reforma apuesta por “incrementar la percepción de independencia e imparcialidad de la Fiscalía dotándola de mayor autonomía” para que parezca “imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida”. E incluso invoca los informes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, organismos que gobernando el PP daban severos tirones de oreja al Gobierno español por la falta de imparcialidad de la Fiscalía, unas advertencias que el gabinete Rajoy solía pasarse por el forro de los caprichos. Por eso las frases contenidas en el proyecto Casado provocan sonrojo e hilaridad. Mueve a la carcajada estertórea propuestas como que “es preciso eliminar toda mácula de sospecha sobre la parcialidad de la Fiscalía General del Estado”; o “hay que impedir que acceda al cargo de Fiscal General todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza en los diez años anteriores a su nombramiento”; o también (y esta es muy buena viniendo de un partido sospechoso de espionaje) “se demanda una mayor transparencia y publicidad en las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno”. Eso sí, el plan de reforma judicial del PP abriría la puerta a la posible recusación de Dolores Delgado “por falta total de objetividad e imparcialidad”, que es adonde en definitiva pretende llegar el todavía jefe de la oposición. Y es que el eterno aspirante a la Moncloa no da puntada sin hilo.