El sindicato
UGT ha mostrado su preocupación ante la evolución de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, en vista a los “
Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales”En 2018,
perdieron sus hogares 56.230 familias, 18.945 fueron por ejecuciones hipotecarias, es decir por no poder hacer frente al pago de las cuotas. Esta cifra es un 15,2% menos a la registrada el año anterior. No obstante, a este dato hay que sumar los desahucios de aquellas familias que viven en pisos de alquiler. 37.285 familias se vieron afectadas por esta situación, lo que ha supuesto un aumento de un 4,5%.Si a este porcentaje le añadimos lo que sucedió en 2017 (4,3% de las familias que vivían en alquiler fueron desahuciadas) podremos tener una idea de lo que viene sucediendo y de la necesidad de aplicar, cuanto antes, políticas sociales eficaces en materia de vivienda.Estos datos son preocupantes, pero además conducen al sonrojo conociendo algunas de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión del Congreso de los Diputados que analizaba la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las Cajas de Ahorro, en la que se critica el modo en el que la banca ha gestionado los impagos de las hipotecas durante la recesión.
Garantizar una solución habitacional antes de emprender cualquier desahucio
En este informe se afirma que ha sido un “error estratégico” no ofrecer soluciones a sus clientes distintos al lanzamiento y la ejecución hipotecaria, pudiendo haber convenido con ellos una renegociación de la deuda o bien haber permitido que siguiesen viviendo en el hogar con un alquiler adecuado a los ingresos de la unidad familiar. Todo ello, concluye el informe ha ido en detrimento del valor reputacional de la banca.
Una ley que avanza, pero no lo suficiente
UGT considera que el acceso a la vivienda bien sea en propiedad o en alquiler, necesita de soluciones inmediatas y afirma que, aunque el nuevo RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Gobierno, mejora la anterior normativa de 2013 y va en la buena dirección, las medidas que incluye no son suficientes.El sindicato entiende que hay que seguir en este camino y aplicar políticas tendentes a solucionar el grave problema que sufren miles de familias a la hora de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible. En este sentido:
UGT reclama encontrar una solución habitacional antes de aplicar cualquier desahucio, lo que requiere una auténtica coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales. Para ello, es preciso garantizar los medios económicos y materiales necesarios, tanto en la Administración de Justicia como en los Servicios Sociales.
UGT insta a los partidos políticos a incluir en sus programas electorales, como una prioridad, el garantizar una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos
Hay que promover mecanismos para que aquellas familias que pierdan su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, a precios acordes con su nivel de renta.Es preciso establecer una norma legal de segunda oportunidad, en línea con los países más avanzados de nuestro entorno, que evite la expulsión de la vivienda, a aquellas familias que no pueden hacer frente a la hipoteca y actúen de buena fe (hogar insolvente, no doloso).
Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, frente a la mera inversión e incluso especulación
Hay que potenciar actuaciones, desde el ámbito estatal, para la constitución de grandes Parques Públicos de Alquiler Social, en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.El objetivo es acercarnos a las cifras de vivienda en alquiler que se dan en la UE (mientras en España apenas llegamos al 17%, en la UE las viviendas en alquiler representan el 30,8%).En definitiva, UGT defiende que hay que priorizar las políticas que den a la vivienda un valor de uso y no de mera inversión y búsqueda de rentabilidad, e insta a los partidos políticos a que incluyan esta cuestión en sus programas electorales, con el objetivo de dar respuesta a miles de familias que han sufrido y sufren los efectos de una crisis económica y financiera, que no han provocado, pero de la que siguen siendo víctimas.