Ciudadanos pide respuestas sobre la violencia de género en empleadas públicas
16
de Noviembre
de
2017
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Ciudadanos ha vuelto a formular una serie de preguntas dirigidas al Gobierno en torno a las medidas que el Partido Popular ha tomado contra la violencia de género en el ámbito de las Administraciones Públicas. Unas cuestiones, planteadas hace meses por Cs, que no recibieron ningún tipo de respuesta por parte del ejecutivo.“Hace meses Ciudadanos preguntó al Gobierno sobre este asunto pero no hemos recibido ninguna respuesta” lo cual evidencia “la falta de compromiso del Ejecutivo con las empleadas públicas víctimas de la violencia de género”, ha lamentado la portavoz de Igualdad de la formación naranja, Patricia Reyes, que exige al Gobierno de Mariano Rajoy que aclare si ha elaborado el III Plan de Igualdad del Estado.En este sentido, el partido que lidera Albert Rivera ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas con el objetivo de acabar con la violencia de género que “afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluidas las administraciones públicas”, ha subrayado Reyes.En las diez preguntas dirigidas al Gobierno del Partido Popular, la portavoz de Igualdad de Cs demanda al Gobierno información sobre la existencia de reserva de plazasen la oferta de empleo público destinada a las víctimas de violencia de género; si éstas disponen de algún tipo de bonificación en el pago de los derechos de examende acceso a las oposicionesa laadministración pública; o si las familias monoparentalesvictimas de violencia de género tienen derecho a algún tipo de beneficio fiscal.Asimismo, la también responsable del área de Mujer de Cs exige al Gobierno que explique “si se ha iniciado ya la elaboración delIII Plan de Igualdad de la Administración General del Estado (AGE)”, pues su aprobación “debe realizarse al comienzo de cada Legislatura”. Además, solicita que el Gobierno aclare “en qué fecha está previsto que finalice la elaboración del protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y protecciónde las empleadas públicas victimas de violencia de género”, para que “puedan superar su grave situación”, sentencia Reyes.
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