El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se propone prolongar siete años el plazo para la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que tenía originalmente 15 años para ser acometido. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU ha subrayado la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr la paz en el país y ha planteado un “fast track” que siente las bases de una paz definitiva.
Petro ha explicado que su país está dividido en dos y que por ello no ha logrado un acuerdo nacional que le permita hacer las transformaciones necesarias. Gran parte de los colombianos se opuso al Acuerdo de Paz y votó en contra. Quienes lo rechazan, ha dicho, "no quieren cambiar la normas y sin cambiarlas no se avanzará", al tiempo que se ha preguntado que si esta es la sociedad más desigual del mundo “¿cómo no se van a cambiar las normas?”.
Integración social del territorio
El mandatario sostuvo que una de las prioridades para la implementación del Acuerdo es la integración del territorio nacional al desarrollo, para lo cual es urgente la reforma rural integral.
La accidentada geografía de Colombia genera una enorme diversidad cultural pero también produce dificultades, recordó, antes de explicar el conflicto en el país como varios conflictos regionales. En este sentido, aseveró que Colombia no ha solucionado su problema de violencia porque no ha podido incluir el territorio. Detalló que de los 55 millones de habitantes que tiene Colombia, diez millones son campesinos, aunque sólo poseen el 1% de la tierra fértil. “Hay que integrar socialmente el territorio”, insistió, es el centro del proceso de paz.
Reforma rural y esclarecimiento de la verdad
Con respecto al cultivo de drogas al que los campesinos se vieron orillados, señaló que el Acuerdo propuso cambiar lo ilícito por lícito, por lo que es imperativa la reforma rural integral. Los ejes para la implementación del Acuerdo deben ser la reforma agraria, la transformación del territorio y esclarecimiento de la verdad judicial, indicó.
Más financiación y una misión
Además de la prolongación del plazo de implementación del Acuerdo, el presidente colombiano pidió al Consejo de Seguridad que tome medidas que “potencien la capacidad financiera” del país y liberen fondos para continuar el proceso de paz.
Al referirse a la continuación de la violencia, Petro hizo una tercera solicitud al órgano de seguridad de la ONU: una misión internacional de investigación que apoye a la Fiscalía para “establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistémico de excombatientes” y para frenar el surgimiento de grupos paramilitares en Colombia.
Los puntos del plan de aceleración
El “fast track” presentado por Petro al Consejo de Seguridad para la implementación del Acuerdo de Paz busca la aprobación más rápida de leyes y reformas y contempla la ampliación del plazo de implementación del Acuerdo por siete años más y las zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal a medio plazo que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios; el cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones que permita dirigir recursos a las zonas PDET para financiar sus proyectos de infraestructura e inversión; la excarcelación del campesinado productor de hoja de coca; la optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución productiva de economías ilícitas y un camino a la agroindustrialización; la creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de la ley segunda; una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras, y una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiale, y un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.
Gustavo Petro se dirigió al máximo órgano resolutivo de Naciones Unidas en una sesión para revisar la implementación del Acuerdo de Paz en la que también participó por primera vez Diego Tovar, signatario del Acuerdo por parte de las FARC-EP y hoy representante del partido Comunes y de la Comisión para la Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo.
La propuesta de Petro llega al tiempo de la recomendación de ONU Derechos Humanos de una “reforma profunda” para proteger a líderes sociales y defensores en Colombia. De este modo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha presentado su informe sobre la cooperación técnica que presta en Colombia y destacó algunos avances al respecto.
El director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en el país, Christian Salazar Volkmann, indicó que, desde la publicación del informe de la Comisión de la Verdad en junio de 2022, el organismo ha contribuido con su amplia difusión a nivel nacional y local.
Salazar destacó que, en materia de investigación de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, persiste un alto nivel de impunidad que, como lo concluyó la Comisión, es “uno de los factores para la continuación de la violencia”.
En este sentido, la Oficina elogió los avances en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para abordar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado, así como la de un nuevo macro caso sobre violencia de género en 2023. “Las primeras sentencias de la JEP serán determinantes para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, añadió.
Hasta 98 alegaciones de homicidios en 2024
En cuanto al sector de la seguridad, la Oficina valora el nuevo enfoque de seguridad humana de la política pública adoptada en 2023, señaló el director. “Ha brindado asistencia técnica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para la elaboración de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, en cumplimiento con el Acuerdo de Paz”, detalló.
Sin embargo, Salazar destacó que, a pesar de la disminución de algunos indicadores de violencia en 2023, el control social y territorial de grupos armados y organizaciones criminales “siguen afectando los derechos de la población civil en distintas zonas del país”.
En 2023, la Oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió ya 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras que está cotejando. “Observamos que esta violencia afecta en particular a miembros de Juntas de Acción Comunal, autoridades de pueblos indígenas y afrodescendientes y personas que defienden el territorio, la tierra y el medio ambiente”, apuntó Salazar.
En este contexto, la Oficina brindó asistencia técnica al Ministerio del Interior en la elaboración de la Política Nacional de Garantías y recomienda que se impulse una “reforma profunda” del modelo de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la que ellos participen.