En una decisión de gran repercusión social y ambiental, el Consejo Constitucional de Francia ha anulado la propuesta legislativa que pretendía reintroducir un pesticida previamente prohibido por sus efectos nocivos en el medio ambiente y la salud pública.
La normativa, conocida como "Ley Duplomb", había sido impulsada en la Asamblea Nacional con el argumento de ayudar a los agricultores a competir en el mercado internacional, pero se encontró con una fuerte oposición ciudadana y de colectivos ecologistas.
La polémica gira en torno a los neonicotinoides, una familia de insecticidas cuya utilización está vedada en la Unión Europea desde 2013 por el daño probado que ocasionan a polinizadores como las abejas y la biodiversidad. Diversos expertos y estudios científicos han demostrado que estos compuestos afectan a organismos esenciales para la agricultura y los ecosistemas, poniendo en jaque la seguridad alimentaria futura.
El intento de reintroducción desencadenó la mayor movilización ciudadana contra una ley agraria en la historia reciente francesa: más de 1,2 millones de personas firmaron una petición para exigir su derogación, presionando a las autoridades y visibilizando el rechazo social a retrocesos en materia de salud y medio ambiente.
El fallo del Consejo Constitucional subraya que los riesgos ecológicos, especialmente para la fauna polinizadora y los derechos de los ciudadanos a un entorno saludable, deben primar sobre argumentos económicos de corto plazo. Cabe recordar que, aunque algunos agricultores alegan pérdidas económicas graves por estas restricciones, existen estudios que cifran el coste del veto europeo a los neonicotinoides en cerca de 900 millones de euros anuales solo en el cultivo de colza, aunque también advierten de las graves consecuencias ambientales y para la salud si se permite su uso.
En el contexto europeo, la decisión de Francia refuerza la tendencia a endurecer la regulación fitosanitaria. La Comisión Europea y el Parlamento continúan trabajando para reducir a la mitad el uso de plaguicidas químicos para 2030 y cerrar los vacíos legales que aún permiten la exportación y el comercio de productos tratados con sustancias vetadas en la UE.