La jueza Coro Monreal ha decidido no tragar con las tácticas judiciales del juez Peinado y Vox. Esta misma semana, la titular del Juzgado de Instrucción Número 34 de Madrid ha decidido archivar la querella del partido de Santiago Abascal contra Begoña Gómez por supuestas irregularidades en un máster de la Universidad Complutense. Al contrario que el juez Peinado, Coro Monreal no ha visto indicios de tráfico de influencias ni intrusismo profesional por ningún lado y ha tirado la querella de los abogados de Vox a la papelera, no sin antes reprochar a los letrados del partido las deficiencias técnicas del escrito en el que denuncian que Gómez no cuente con la debida cualificación técnica necesaria para concurrir al máster pero sin especificar qué “cualificación técnica sea precisa”, según el auto. Por si fuera poco, aprecia “meras sospechas y conjeturas” sobre la contratación del software para la universidad. Todo un tirón de orejas para los fontaneros del Derecho de Vox.
Es decir, tenemos que un juez como Peinado abre una causa prospectiva por el máster de la primera dama mientras que otra jueza con despacho en el mismo pasillo de los juzgados de Plaza Castilla, por los mismos hechos, decide archivarla. No deja de ser curioso y demostrativo de hasta dónde ha sido capaz de llegar Peinado para validar las denuncias contra la esposa de Sánchez formuladas por Vox y otros colectivos de corte ultraderechista, conspiranoico, esotérico y antivacunas.
Sin duda, estamos ante una jueza valiente que no ha comprado las teorías de la conspiración contra Moncloa que se esparcen por las redes sociales. Coro Monreal ya dio muestras de ser una jueza íntegra cuando, a comienzos de 2000, le tocó investigar una gran estafa inmobiliaria que dejó a miles de familias (entre 1.200 y 3.000, según las fuentes) sin su dinero. Entonces le tocó soportar presiones de todo tipo, e incluso trataron de acabar con ella quitándole la licencia para impartir justicia, pero el asunto salió adelante.
Según publicó ABC en 2002, los seis abogados del caso CPV (así se llamó a aquel caso) llevaron el asunto al Consejo General del Poder Judicial para que se inhabilitara a la jueza instructora. De modo que se abrió una investigación contra la magistrada. El CGPJ pidió al Servicio de Inspección que elaborara un informe tras la queja recibida por los abogados de las acusaciones, que alegaron “absoluta indefensión”.
El escrito de los letrados lamentaba que las actuaciones fuesen “prácticamente secretas” y que les fuesen notificadas las decisiones de la jueza demasiado tarde. El Servicio de Inspección recabó toda la información y remitió una propuesta de apertura de diligencias contra la juez o de archivo si estimaba que no había motivo de sanción disciplinaria. Además, consideraron que “esta situación de indefensión” estaba “dando lugar a la nulidad de las actuaciones judiciales” y se quejaban de que se les notificara únicamente las decisiones del Juzgado mediante autos o providencias, “pero sin que se nos dé traslado ni vista de los escritos presentados por la defensa”. Mientras tanto, los cuatro máximos responsables de CPV ingresaron en la prisión de Soto del Real como presuntos autores de un delito de estafa a 1.200 familias que habían dejado una señal de entre 21.000 y 33.000 euros para la compra de una vivienda en los nuevos barrios del norte de Madrid.
Nada sirvió para que Monreal cerrara la investigación. En 2003, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó las diligencias informativas abiertas contra la jueza, alegando que no existía la “absoluta indefensión” que alegaban los abogados de las acusaciones. Según fuentes del órgano de gobierno judicial, la Comisión Disciplinaria estimó que no era preciso tramitar ningún expediente de sanción contra la magistrada.
Finalmente, en 2004 la jueza decretó el cierre de la instrucción del caso CPV y ordenó procedimiento abreviado. Las acusaciones particulares recurrieron ante la magistrada para solicitarle que se retractara y que practicase más pruebas. El caso siguió adelante. En su auto, la jueza consideró ya suficientemente acreditado que CPV utilizó fondos entregados por sus clientes para la compra de una vivienda a fines distintos a la compra de terrenos para la edificación de esas casas en los PAUS de Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo. Señaló además que la promotora se financiaba fundamentalmente de las cantidades que entregaban a cuenta esos clientes, compradores de los futuros inmuebles que ofertaba construir. Todas esas sumas se ingresaban en “cuentas especiales” abiertas en distintas sucursales bancarias. Sin embargo, lejos de destinar ese dinero a la adquisición de suelo en los PAUS, CPV lo desvió a otros asuntos y además vendió terrenos que ya había adquirido en esos desarrollos, por valor de 2.415 millones de pesetas. De este modo, la empresa se quedó sin superficie para construir y sin dinero para devolver a todos los compradores.
La tenaz investigación culminó en 2008, cuando la Audiencia Provincial ordenó detener a los administradores de CPV. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó la detención de los administradores de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ante el posible riesgo de fuga por las elevadas condenas que prevé imponer el tribunal por la supuesta estafa de la inmobiliaria. CPV cerró en octubre de 2002 sus oficinas, dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese a haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas. La Sala fundamentó su decisión en “las penas que pudieran imponerse a los acusados, una vez deliberada la sentencia, el escaso tiempo que han estado en prisión provisional, la naturaleza de los hechos, la situación económica de los acusados y el aseguramiento de su presencia en fases posteriores del proceso”. En 2009, cuatro sentencias favorables ya habían abierto una vía de esperanza a los afectados por la actuación de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Todo gracias al valor y la tenacidad de una jueza a la que quisieron inhabilitar. Hoy, esa misma jueza, Coro Monreal, se aparta de las investigaciones prospectivas del juez Peinado y de la caza de brujas que la extrema derecha ha iniciado contra Begoña Gómez para derrocar a Pedro Sánchez. Por fortuna, todavía quedan jueces íntegros en nuestra denostada Administración de Justicia.