El 2 de septiembre, los dos bloques en que se encuentra dividido el pleno del Consejo General de Poder Judicial, están convencidos de poder elegir un candidato a la presidencia del máximo órgano de los jueces. Y precisamente tiene que ser ese día la última oportunidad que tienen los vocales para poder presentar, tres días después, a alguien que les represente en la apertura del año judicial. Porque si no, volverá a producirse la anomalía, por segundo año consecutivo, de que deberá ser el presidente de la sala de Lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, el que lea el informe del año judicial ante las autoridades y el rey Felipe VI. La situación sería dramática. Porque lejos de desbloquear la situación del CGPJ la polarización de sus miembros convierte al organismo en inoperante. Las negociaciones entre representantes de ambos sectores se producen casi a diario. Hay posibilidad de acercamiento, pero las presiones externas son muy fuertes. Los socialistas no dan su brazo a torcer y han dado instrucciones para que sea una mujer la elegida. La derecha judicial representada por la cada día más poderosa presidenta de la APM, María Jesús del Barco, sigue en sus trece. El elegido debe ser una persona con suficiente currículo como para ejercer el cargo. La lectura está clara: quieren alguien a quien puedan controlar. No se conforman con que dentro de cinco años se harán con todo el poder, lo quieren empezar a ejercer ahora mismo.
Un presidente afín a la derecha judicial en este consejo es el que acabará por inclinar la balanza de las decisiones que se adopten en estos próximos cinco años. El mejor ejemplo del enfrentamiento existente en el seno del nuevo consejo es la famosa declaración en favor de la independencia de los jueces en la que se criticaban las manifestaciones efectuadas por algunos miembros del gobierno, más concretamente las de Oscar Puente, contra las decisiones del Tribunal Supremo en torno a la amnistía. Los conservadores pretendieron que se introdujese en el orden del día el debate de esa declaración en la cual se lamentaban de que “algún miembro del gobierno haya traspasado los límites de la libertad de expresión”. Este debate fue rechazado por los vocales progresistas quienes argumentaron que nadie en la judicatura les había pedido amparo ante estas declaraciones, y que la reunión había sido convocada para aprobar 112 asuntos urgentes e inaplazables en los cuales esa declaración no figura. El reglamento del CGPJ señala que para incluir en el orden del día del pleno un asunto se requiere de unanimidad por lo que la petición fue rechazada además generando la primera división seria entre los bloques que deja claro lo que va a suceder en el futuro.
Los negociadores que mantienen “contactos discretos” han descartado la posibilidad de apoyar a uno de los tres candidatos iniciales: Pablo Lucas, Pilar Teso y Ana Ferrer. Y ahora se busca fuera de los magistrados del Tribunal Supremo. La nueva idea es la elaboración de una lista entre los “juristas de reconocido prestigio” y ver si uno de ellos es bien visto por los dos bloques. Se habla de que están elaborando una relación de reconocidos expertos del mundo jurídico, catedráticos de universidad y abogados de reconocida experiencia además de haber ocupado puestos de responsabilidad en las corporaciones profesionales.
La lista para confeccionar candidatos que tengan estos perfiles es muy amplia y, de momento que se sepa, los negociadores no han filtrado ningún nombre a falta de algo más de una semana para la nueva reunión en la que deberían ir con una propuesta concreta. Los magistrados del Supremo no ven con buenos ojos la iniciativa porque consideran que para presidir el alto tribunal se tiene que ser miembro de este.
En el sector progresista no se fían de ningún juez para ejercer la máxima representación de un órgano que se encarga de los nombramientos y ascensos de jueces y magistrados y de sus situaciones administrativas como son las licencias y permisos, la inspección de juzgados y tribunales, y el régimen disciplinario judicial. Y tal y como está la situación en la justicia en España, las decisiones van a ser miradas con lupa.
Las asociaciones judiciales conservadoras, ven con buenos ojos la iniciativa presentada por un grupo de vocales del Consejo quienes proponen que se haga una consulta entre los jueces para decidir la candidata o el candidato a presidente. A la que más ha entusiasmado la idea es a María Jesús del Barco quien insiste en que “el empeño de los vocales progresistas no está en que sea una mujer. Prueba de ello es que desde el sector conservador se han propuesto dos mujeres, y se han rechazado. Algo que parece mostrar que el interés no está en que sea una mujer, sino una mujer que viene impuesta·”. En la Francisco de Vitoria piensan que “todo lo que sea democratizar la elección de las instituciones es siempre positivo”. En cambio, en Juezas y Jueces para la Democracia, dicen que si hay que consultar a alguien “que se haga la consulta al parlamento de donde emana su legitimidad como vocales y que es la representación de la soberanía popular, a la que se deben todos los poderes, incluso el judicial”. En otras palabras, que no están por la labor.
La consulta sería telemática lo que ha levantado las reticencias de algunas de esas asociaciones. Y lo que ocurre es que ya no hay tiempo material si lo que se quiere es que el día 5 de septiembre, junto al Rey, esté un legítimo representante del Supremo y de la carrera judicial y no, como ha pasado en los dos últimos años, un presidente “en funciones” que lo único que demuestra es que no se ha superado el bloqueo por muchas mediaciones de Bruselas y las buenas voluntades de Esteban González Pons y Félix Bolaños. El sistema es inoperante. No funciona y habrá que cambiarlo inmediatamente si se quiere devolver al poder judicial su capacidad de decisión.