Es el preludio de lo que va a ser el funcionamiento del órgano de gobierno durante los próximos cinco años. No hubo manera de ponerse de acuerdo en torno a la figura que los debe de presidir. Un grupo de diez progresistas votaron a favor de Pilar Teso, mientras que los conservadores se decantaron por Pablo Lucas.
Es una paradoja más del colectivo judicial. Lucas, en principio, es un magistrado de tendencia progresista. Al menos eso dicen los que conocen su perfil. A Pilar Teso también se la considera progresista. Participó en el juicio de los líderes del procès y en los recursos de los ERES de Andalucía. No se la conoce ningún voto particular en ambas sentencias que socialmente fueron controvertidas. Incluso una de ellas ha sido muy matizada por sus compañeros del Tribunal Constitucional.
Por su parte, Lucas, cuyo activo es que es el magistrado encargado del cumplimento legal de las acciones del servicio de espionaje, CNI, será todo lo progresista que se quiera, pero ha sido ponente de las sentencias contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su calidad de miembro de la sala de Lo Contencioso Administrativo del TS. Tal vez ha sido por eso por lo que se ha decidido volver a escoger alguno nuevo de los que, en un principio, fueron los siete candidatos. Y Ana Ferrer es la que ahora cuenta con mas apoyos como candidata “de consenso”. Al menos es la que siempre mantuvo un posicionamiento diferenciado del resto de sus compañeros de la sala de Lo Penal enfrentándose, incluso, con el presidente, Manuel Marchena, considerado la bestia negra del independentismo catalán.
Lo que se está demostrando con las primeras reuniones plenarias del CGPJ es que los dos partidos mayoritarios firmantes del acuerdo de renovación, con las prisas por acabar con una situación anómala y anticonstitucional, pactaron un engendro que va a tener un difícil, por no decir imposible, encaje institucional.
Si no hay manera de que se pongan de acuerdo a la hora de elegir presidente, qué será lo que ocurra cuando haya que elaborar el informe sobre la forma de designación de los que serán sus sustitutos donde las posiciones están enfrentadas tal y como ya se ha manifestado aquí en numerosas ocasiones. Unos, con la idea de elección directa por parte de los más de 5.000 jueces en activo, que, de prosperar, obligaría a cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, y los otros manifestándose a favor de que la fórmula sea muy parecida a la vigente, si acaso con algunos retoques para dotar de mayor participación a las asociaciones que representan al colectivo.
Lo que sí se ha desprendido de los detalles que se han conocido en los escasos debates que han llevado a cabo, los vocales del CGPJ no van a entrar en el lodazal en que ha convertido la justicia por la actitud de algunos jueces que roza la prevaricación. Nada de expedientes disciplinarios y nada de ir modificando el aparato represor judicial en este país cuando la izquierda lo está diciendo en voz alta: “temíamos al ruido de los sables y no nos preocupamos por el ruido de togas”. Los socios parlamentarios del gobierno progresista ya no se esconden a la hora de decir que hay que cambiar el sistema desde el Congreso y no dejar en manos de la derecha judicial el cambio que requiere la judicatura.
La sensación de bloqueo vuelve a cundir entre la ciudadanía. Es el propio órgano de los jueces el que se autobloquea. Sus miembros son incapaces de llegar al consenso y eso va a acabar por pasar factura en el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces que, recordemos, además de las modificaciones legales correspondientes, todavía tiene la competencia de nombrar los miembros de las instancias superiores, Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia, y audiencias territoriales, y hay que cubrir urgentemente casi un centenar de vacantes. En el acuerdo que suscribieron PP y PSOE se dice que hay que modificar el sistema actual de nombramientos discrecionales que es el que ha provocado el dominio de la derecha judicial en los juzgados. Pero si los vocales son incapaces de acordar el nombre de la persona que los tiene que presidir durante los próximos cinco años, va a ser difícil que procedan a la modificación de las reglas del juego.
La izquierda parlamentaria, incluida Sumar, se lo ha dicho al gobierno. El pacto para renovar al Consejo General del Poder Judicial va a servir de poco. Y convendría en ir pensando en un plan b consistente en reformar la ley orgánica del Poder Judicial desde el propio parlamento obviando lo que puedan hacer o decir los vocales que, tal y como ya se está comprobando, son incapaces de ponerse de acuerdo.