Poco a poco van cayendo las ranas de Esperanza Aguirre. Pocos son los altos cargos de la expresidenta de Madrid que no han salido chamuscados, quemados o condenados por algún caso de corrupción en aquellos tiempos alegres de la burbuja inmobiliaria. El último en probar el yugo de la Justicia ha sido Alfredo Prada. La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
En la sentencia, según fuentes de Europa Press, el tribunal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto, ya que les considera cooperadores necesarios: Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). A todos los condenados, no obstante, la AN les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid. Un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto por el tribunal, al entender que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Los magistrados establecen además que el exconsejero Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad García de Castro. Sin previsión económica ni controles. En la sentencia, la AN explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una “intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad, que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea”.
La etapa de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid fue nefasta. Ella se escudó en que “garbanzos negros” los había en todas partes y dijo aquello de “he nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”. No es verdad, fueron más de dos. El listado de elegidos caídos en desgracia asciende a 22 políticos entre imputados e investigados, dentro de las tramas Gürtel, Púnica y otros casos no tan aislados. Todos los primeros espadas de Aguirre han ido cayendo uno tras otro hasta rendir cuentas, como investigados o sentenciados, con la Justicia. López Viejo, Granados, González; púnicos, gurtelianos, lezianos; son legión los que terminaron ante el juez, algunos por meter la mano en el cazo. Sin embargo, ahí está la marquesona, dando lecciones de política, ética y moral en algunos platós de televisión, donde la blanquean vergonzosamente. Aguirre no debería salir de su casa tras tantos años de corrupción, sin embargo, ella pasea palmito por las cadenas privadas, donde todos le ríen las gracias de tertuliana discreta, aunque con muchas cosas que contar.