La acusación popular arremete contra el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Salamanca, Juan José Pereña, por obstaculizar el proceso de investigación abierto contra el PP de Castilla y León por presunta financiación ilegal para convertir a Alfonso Fernández Mañueco -hoy presidente de Castilla y León- en líder del partido en la región y así poder ser el candidato a la Presidencia de Castilla y León en 2017.
Según ha podido saber Diario16, en medio de las diligencias y testimonios de políticos del PP con cargos electos, la acusación popular, que representa el partido del Foro de Izquierdas-Los Verdes, lanza duras acusaciones contra el fiscal jefe y afirma con contundencia que desde el Ministerio Fiscal “no se está realizando actividad alguna en la investigación de los delitos que se persiguen, sino que, antes al contrario y sorprendentemente, está impugnando pruebas que la acusación popular considera esenciales para esclarecer los hechos”.
La acción popular también denuncia que, a pesar de no estar declaradas secretas las actuaciones, el fiscal jefe le tiene vetado el acceso a los documentos más relevantes aportados por el PP, que permanecen guardados en los archivos municipales, sin permitir a la acción popular participar en las diligencias de exhibición para contrastar la veracidad de los mismos”.
Violación de Derechos
La acusación popular considera “una flagrante violación de los derechos que las leyes reconocen para intervenir en todas las pruebas y diligencias que se practiquen”.
Esta acción popular, a juicio de Foro de Izquierdas-Los Verdes, tiene derecho “incluso a conocer el resultado de las diligencias que se hayan practicando cuando eran secretas, una vez se abrió el secreto de sumario”.
Por otra parte, tras la firma de un documento de cargos electos del PP para reconocer que pagaron cuotas en mano de forma voluntaria para que el partido en Salamanca pudiera cubrir las deudas de miles de militantes y así poder votar a Mañueco para ser presidente del partido, la acusación popular ya ha anunciado que solicitará de inmediato la imputación de este grupo de 40 personas identificadas e implicadas en los hechos.
Tal y como publicó en exclusiva Diario16, en junio de 2019, una denuncia anónima presentada a la Fiscalía en Salamanca acusaba a Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional en 2017 y alcalde de Salamancaen la misma época, de incurrir en una posible financiación ilegal del partido en Castilla y León. En concreto, el escrito denunciaba su gestión durante las primarias de los populares en esta comunidad, proceso clave en su estrategia para poder aspirar a presidir la comunidad.
Militantes que no podía votar
El problema para Mañueco era que más del 80% de los militantes no estaba al día en las cuotas al partido, requisito estatutario imprescindible para que los afiliados pudieran ejercer su derecho de voto.
En el escrito presentado a la Fiscalía se ponía de manifiesto que, en marzo de 2017, Alfonso Fernández Mañueco reunió en la sede del partido en Salamanca a concejales del ayuntamiento de la capital -donde era alcalde- y a diputados provinciales de Salamanca -que controlaba políticamente como presidente del partido en la provincia-, para pedirles su apoyo en las primarias que el PP iba a celebrar en Castilla y León. Ya en ese momento les dice también, según el escrito, que “aunque no me gusta hablar de estas cosas, se os pedirá un pequeño esfuerzo económico”.
Así, cada cargo electo del partido controlado por Mañueco tuvo que pagar 500 euros y 300 en caso de los asesores”. Esta “donación”, que dentro del PP se bautiza con ironía como “el impuesto revolucionario”, según se destacaba en la denuncia, debe hacerse en metálico y sin que medie documento, factura o acuse de recibo alguno por escrito.
En sólo diez días, el juez instructor aceptó a trámite y archivó la causa, cuando justo coincidía la fecha en que Alfonso Fernández Mañueco tenía que tomar posesión, gracias al apoyo de Ciudadanos, como presidente de Castilla y León a pesar de haber perdido las elecciones tras más de tres décadas de éxitos electorales de los populares en esta comunidad.
Varios meses después se reabrió la causa por indicación de la Audiencia Provincial. La investigación hoy sigue en proceso.