La reciente ejecución de Reza Rasaei, un joven de 34 años perteneciente a las minorías kurda y yaresaní, ha vuelto a encender las alarmas sobre la brutalidad del sistema judicial iraní y su uso implacable de la pena de muerte como instrumento de represión política. Reza fue condenado a muerte en un proceso judicial plagado de irregularidades y brutalidades, culminando en su ejecución el 6 de agosto de 2024 en la prisión de Dizel Abad, provincia de Kermanshah.
La sombra de la represión política
La ejecución de Reza Rasaei se enmarca en un contexto más amplio de represión sistemática tras el levantamiento "Mujer Vida Libertad" que sacudió a Irán entre septiembre y diciembre de 2022. El levantamiento, que nació como una expresión legítima de descontento contra el régimen, ha sido respondido con una oleada de ejecuciones y represión desmedida por parte de las autoridades iraníes. La ejecución de Rasaei, quien fue detenido, torturado y condenado en un juicio que apenas puede ser considerado tal, expone la estrategia del régimen: infundir terror entre la población para sofocar cualquier disidencia.
Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha sido contundente al respecto, señalando que la ejecución de Rasaei "deja al descubierto hasta qué punto el sistema de justicia penal de Irán está corrompido hasta la médula". Estas palabras subrayan la realidad de un sistema donde las confesiones forzadas bajo tortura son la base de condenas a muerte, y donde las ejecuciones se llevan a cabo en secreto, sin previo aviso a los condenados ni a sus familias.
Un método para sembrar el miedo
El caso de Reza Rasaei no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia alarmante. Desde el levantamiento "Mujer Vida Libertad", al menos diez personas han sido ejecutadas en relación con las protestas, y varias más, incluyendo a Mojahed Kourkouri, están en grave peligro de seguir el mismo destino. Esta serie de ejecuciones arbitrarias, llevadas a cabo en un clima de secretismo y sin garantías judiciales, refuerza la sospecha de que el régimen iraní utiliza la pena de muerte como una herramienta para mantener su control sobre una sociedad que clama por libertad y justicia.
Las cifras son escalofriantes. En 2023, se registraron al menos 853 ejecuciones en Irán, y en lo que va de 2024, la cifra ya ha alcanzado las 274 ejecuciones hasta el 30 de junio, según el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán. Estos números no solo reflejan un desprecio absoluto por la vida humana, sino también una estrategia deliberada de intimidación y represión.
La lucha por abolir la pena de muerte
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, ha reiterado su firme oposición a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La ejecución de Reza Rasaei ha renovado los llamamientos internacionales para que Irán suspenda todas las ejecuciones con vistas a la abolición total de esta práctica inhumana.
La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante estas atrocidades. Es necesario que se ejerza presión sobre las autoridades iraníes para que detengan el uso de la pena de muerte como una herramienta de represión política y para que respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La ejecución de Reza Rasaei es un recordatorio de la urgencia de actuar para proteger la vida y la dignidad humana en Irán y en todo el mundo.