El pleno del Senado, donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, aprobó el miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pidió su cese al Gobierno. Esta iniciativa, impulsada por el PP salió adelante con el apoyo de Vox y UPN.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había exigido en febrero la "inhabilitación" de García Ortiz, acusando al Gobierno de "intervenir" en la Fiscalía, un órgano que permanece fuera del control del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación el Partido Popular mantiene bloqueada.
Sin embargo, la animadversión del PP, especialmente de los dirigentes gallegos, hacia el fiscal general del Estado viene de lejos. Esta enemistad se remonta a los años en que Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia, mientras García Ortiz desempeñaba su labor como fiscal especializado en medio ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
El conflicto por el Caso Prestige
Entre 2004 y 2020, Álvaro García Ortiz fue el fiscal especialista en Medio Ambiente de la Fiscalía del TSXG. Durante este periodo, asumió el papel de fiscal en el Caso Prestige, un proceso que calificó como "fracaso absoluto de la justicia" debido a la demora del juicio. En 2015, durante una entrevista criticó duramente la gestión del Partido Popular en la catástrofe medioambiental: "El Gobierno intentó ocultar información sobre el Prestige; el reproche de los gallegos era comprensible".
Además de sus críticas hacia el manejo del desastre, García Ortiz entró en conflicto con los intereses del PP gallego en cuestiones como los incendios forestales y la minería.
La "trama" de los incendios"
La oposición entre Feijóo y García Ortiz se agravó con los incendios forestales de octubre de 2017 que devastaron 50.000 hectáreas en Galicia. El entonces presidente de la Xunta utilizó expresiones como "terrorismo incendiario" y "trama organizada" para describir la situación, insinuando que había un complot detrás de los incendios para "alterar la paz social".
Otros miembros del PP gallego reafirmaron esta teoría sin presentar pruebas concluyentes, eludiendo así cualquier responsabilidad por la gestión gubernamental en materia de prevención y extinción de incendios.
Meses después, el informe de la Fiscalía Superior de Galicia, dirigido por Álvaro García Ortiz, derrumbó la narrativa de Feijóo. "No tenemos evidencia de la existencia de ninguna trama", afirmó García Ortiz como fiscal de Medio Ambiente, dejando en entredicho la estrategia comunicativa del Ejecutivo gallego.
Investigaciones
El enfrentamiento entre Feijóo y García Ortiz también se extendió al ámbito de la minería. Ángel Bernardo Tahoces, director general de Energía y Minas durante la presidencia de Feijóo en la Xunta, compareció en varias ocasiones como investigado por supuestos delitos relacionados con la mina de San Finx, en el ayuntamiento de Lousame, durante su gestión en la Consellería de Economía e Industria.
Aunque la instrucción sigue en curso, Tahoces ya había sido investigado previamente en un proceso que estuvo a cargo de García Ortiz en su primera etapa. En 2021, el juzgado archivó provisionalmente el caso, pero en abril de 2023, la Audiencia de A Coruña ordenó reabrirlo, al encontrar posibles delitos en las actuaciones del exdirector general.
Este caso generó gran preocupación en el Ejecutivo de Feijóo, quien temía que la ampliación de la investigación pudiera implicar otros expedientes polémicos, como el de la mina de Varilongo en Santa Comba o los procedimientos vinculados al concurso eólico de 2010.
Una 'guerra' entre Feijóo y García Ortiz
La reprobación del fiscal general del Estado en el Senado se enmarca en una 'guerra' institucional iniciada en Galicia entre Feijóo y García Ortiz. La enemistad entre ambos se remonta al conflicto del Caso Prestige y a las diferencias en torno a los incendios forestales y la minería. La declaración de guerra del Partido Popular contra el fiscal general refleja no solo la animadversión personal, sino también la lucha por el control de los órganos judiciales en un momento crítico para la política española.