"Los políticos no deben ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos, siempre que respeten ciertos límites". Así se titula el informe que ha sido elaborado por Boriss Cilevics, de Letonia, para analizar la situación de Turquía y España.
"Los políticos necesitan un nivel particularmente alto de protección de la libertad de expresión y de reunión, tanto en el parlamento como cuando hablan con sus electores. Pero la libertad de expresión no es ilimitada", señala el informe. En este sentido ha querido subrayar que la limitación tiene que ver con que no caben en democracia discursos de odio ni los llamamientos al derrocamiento violento de las instituciones democráticas. Esos son los únicos límites que se contemplan, según el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Por lo que respecta a España, la comisión ha reconocido que "la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal". Y recordó que varios políticos catalanes fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otros, por las declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, dentro del contexto del referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017.
La Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos ha solicitado a las autoridades españolas que reformen las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que "no puedan iterpretarse de forma que anulen la despenalización de la organización de un referendum ilegal" que tuvo lugar en el año 2005, o que puedan dar lugar a "sanciones desproporcionadas para los no violentos". Y en este sentido, le pide a las autoridades que consideren indultar o liberar de la prisión "a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas, por los mismos motivos". También considera que se deben retirar los procesamientos a los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017.
Además, se pide a las autoridades españolas que se abstengan de exigir a los políticos detenidos que rechacen o repudien "sus opiniones profundamente arraigadas" a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto.
Esta propuesta de resolución que emana de la Comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos será votada en la próxima sesión plenaria del día 21 de junio.