El Consejo de Europa ha hecho público el informe donde concluye que la defensa pacífica de la independencia de un territorio está absolutamente amparada por el derecho a la libertad de expresión y que, por lo tanto, ni es perseguible ni es delito.
El informe subraya la importancia de que los Estados protejan la libertad de expresión, que ampara incluso la defensa de la opción que plantee modificaciones territoriales. La libertad de expresión ampara también al independentismo que defienda sus ideas siempre desde la vía pacífica.
La autora del texto, titulado "libertad de expresión política: un imperativo para la democracia" es la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovi Buric.
En el documento se han introducido los puntos de vista de la Asamblea Parlamentaria, de la Comisión de Venecia, de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Antecedente: informe Cilevics
El antecedente de este informe proviene de la resolución 2381 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde se señaló que los líderes independentistas catalanes que en aquel momento se encontraban en prisión, eran presos políticos. Se instó entonces al estado español a que reformase el código penal, concretamente en lo que a los delitos de rebelión y sedición se refiere.
En esta misma resolución se reconocía que el día 1 de octubre de 2017 no se produjo ningún tipo de violencia por parte de la población en Cataluña. Se apostaba en el documento por la resolución del conflicto mediante el diálogo y la resolución democrática.
Sobre la idea de la necesaria negociación se incide de nuevo en este informe presentado hoy por la Secretaria General.
La necesidad de proteger la libertad de expresión, especialmente entre los periodistas
La secretaria General del COE señaló la semana pasada, con motivo de la primera Conferencia europea Anti SLAPP, celebrada el 20 de octubre, que "el uso de amenazas legales y juicios para limitar la libertad de expresión, generalmente se refiere a juicios estratégicos contra la participación pública, en su mayoría, para atacar a los periodistas, es un problema en los estados miembro del Consejo de Europa que debe abordarse".
“Los SLAPP están destinados a intimidar, limitar el debate público, impedir el libre flujo de información y fomentar la autocensura. Su efecto escalofriante se extiende no solo por las demandas que se han presentado, sino por la perspectiva misma de que esto pueda suceder. Es necesario fortalecer los estándares legales existentes y desarrollar e implementar otros nuevos”, dijo.