El Estado español deja indefensos a los jueces que denuncian corrupción
20
de Junio
de
2019
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
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El juez denunciante de corrupción, Fernando Presencia Crespo, va a solicitar al Consejo General del Poder Judicial la aplicación del mismo convenio que sirvió para afrontar los gastos de la defensa del juez Pablo Llarena por la demanda de Puigdemont en Bélgica.Para entender esta petición hay que recordar cómo Estado español, a través del Ministerio de Justicia capitaneado por Dolores Delgado, decidió asumir la defensa de Pablo Llarena por la demanda presentada ante el tribunal de instancia de Bruselas por el ex presidente catalán, Carles Puigdemont y 4 ex consellers, que consideraron que las manifestaciones del juez instructor de la causa del ‘procés’ ante un periodista, al salir de una conferencia, afectaban a su imparcialidad.Fue la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la que consideró que la demanda presentada por los políticos catalanes tenía que ver en cualquier caso con el ejercicio de las funciones judiciales del magistrado del Supremo, y ordenó que se le aplicara la inmunidad económica a que se refiere el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hace referencia a que es el Ministerio de Justicia el que asume la responsabilidad por los daños causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.A partir de ese momento se activó el convenio, aún en vigor, firmado en el año 2010 entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial en el que se establecía que «los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos», siendo obligación del Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, prestar «asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados».Por esa razón, el juez Presencia quiere pedir ahora la activación de ese mismo convenio para que el Estado le defienda frente a las querellas que le están interponiendo los denunciados por las denuncias anónimas por presunta corrupción que Presencia decidió incoar de oficio asumiendo personalmente la condición de denunciante como Juez Decano de los juzgados de Talavera de la Reina.Dice en su escrito que, ante la falta de una previsión legal de las denuncias anónimas en el Reglamento del CGPJ sobre quejas y denuncias, y ante la evidencia de que los hechos denunciados eran notorios y que estaban causando alarma social, decidió asumir personalmente, en su condición de Juez Decano de los juzgados talaveranos, esas denuncias anónimas y que, por esa razón, las remitió a la Fiscalía General del Estado para que las investigara.Uno de esos querellantes es el fiscal decano de esa demarcación territorial, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que fue denunciado anónimamente ante el decanato de los juzgados de Talavera de la Reina por haber construido su chalet ilegalmente invadiendo la zona de policía y de servidumbre del arroyo de la Fuente o Berrenchín (en municipio toledano de Pepino) perteneciente al partido judicial de Talavera, y por cuyo motivo en el año 2009 fue ordenada su demolición por la Confederación Hidrográfica del Tajo.A raíz de esa querella, el juzgado de instrucción nº 2 de Talavera de la Reina impuso al juez Presencia una fianza de más de un millón de euros para responder de todas las cantidades a las que pudiera ser condenado, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha reconocido que la denuncia anónima está siendo investigada por la fiscalía de Medio Ambiente y ha confirmado la orden de demolición del chalet del fiscal Ángel Demetrio de la Cruz porque su construcción fue ilegal.
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