El fraude en Acuamed: 36 millones, el doble de lo conocido hasta ahora

Un informe del Ministerio de Agricultura establece el fraude cometido en el Caso Acuamed, la empresa pública de infraestructuras acuíferas, en 36 millones de euros. Las cifras manejadas hasta ahora hablaban de 18,3 millones. La Audiencia Nacional instruye este asunto en el cual se investiga adjudicaciones de forma fraudulenta de diversas obras.La nueva cantidad defraudada es la que figura en un informe encargado por el Ministerio de Agricultura que dirige Isabel García Tejerina. Dicho informe se ha encargado con el propósito de “proteger los fondos europeos otorgados a Acuamed”. En otras palabras, es una auditoría para evitar que Bruselas, visto como están las cosas, obligue a España a devolver las ayudas desembolsadas.El informe ha analizado 13 proyectos de los 35 que no han sido incluidos en el sumario. En total, los mismos suman 380 millones en gastos certificados por Acuamed. El informe determina que un 6,2% de estos 13 proyectos incluyen gastos irregulares.La investigación interna cuyo resultado ha sido este informe, identificó 17,7 millones de euros de sobrecostes sin justificar con un modificado del proyecto y materiales que no coincidían con la certificación original. Según aclaran fuentes del Ministerio de Agricultura esto no “significa que sea ilegal” pero sí supone que ha habido irregularidades.Agricultura propone que los fondos de estos proyectos “contaminados” se reasignen a otros para no perderlos. Dicha propuesta se ha remitido a la Audiencia Nacional y a la Comisión Europea. El hecho de que se hayan detectado irregularidades no supone que haya ilegalidades. Eso tendrá que determinarlo el juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción.Entre los investigados judicialmente en el Caso Acuamed, figuran el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, y el ex secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, estrecho colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría, además de directivos de Acuamed y de las empresas que se beneficiaron de los sobrecostes como FCC, entre otras.Entre los importes “irregulares” que detecta el informe destaca el de una tubería del proyecto de Embalse de la Llosa del Cavall en la comarca de Solsonés. La auditoría concluye que la empresa adjudicataria colocó una tubería de acero frente a la de fundición dúctil que estaba certificada en el proyecto, que era ocho millones de euros más cara.