Elministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos negóayer, y hoy lo hace el Ministerio de forma oficial, que la orden para modificarel PlanEstatal 2018-2021 , que se publicó este sábado en el BOE, “faculte expropiaciones de viviendasprivadas o ampare ‘ocupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como handenunciado PP y Vox”. Se trata de una falsa noticia más que surge de laderecha.
Desdehace unos días circula una imagen de un BOE donde se informa que, como soluciónhabitacional, para las víctimas de violencia de género, y cuando no se dispongade una vivienda de titularidad pública, “la ayuda podrá aplicarse sobre unavivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento odotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias,en los mismos regímenes”.
Esedocumento es real, lo que es falso es el mensaje de twitter al respecto,ya que no permite la expropiación de viviendas, según el MinisterioTransportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino que se trata de unamedida para que las comunidades autónomas (encargadas de gestionaresta solución habitacional a víctimas de violencia de género o personas sinhogar) puedan acudir a viviendas de titularidad privada en régimen dealquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporaladmitido en derecho.
Estoquiere decir que “no se faculta la expropiación, se permite que la ayuda delplan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimenadmitido en derecho”.
Esaayuda podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el cien por cien de la rentao precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.
Transportedesmiente al PP y Vox y deja claro que “el texto habla claramente de regímenesadmitidos en derecho”. Desde transporte se asegura que no se estápermitiendo nada ilegal, “solo se faculta a las comunidades autónomas paraque con esa ayuda se pague una vivienda”.
“En ningún caso se está amparandoningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional”,han insistido desde Transporte.