El XIII Congreso de la Abogacía Española aprueba propuestas para la Ley del Derecho de Defensa y defiende la justicia gratuita y el turno de oficio

06 de Mayo de 2023
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El XIII Congreso de la Abogacía Española aprueba propuestas para la Ley del Derecho de Defensa y defiende la justicia gratuita y el turno de oficio

La Abogacía Española ha presentado su ambiciosa hoja de ruta para los próximos años en el XIII Congreso nacional, que se ha celebrado en el centro de convenciones de Port Aventura. Los abogados de España ha aprobado 44 conclusiones que abordan los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente.

Ley del Derecho de Defensa

Entre las enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa, se incluyen propuestas como un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales.

Justicia gratuita y turno de oficio

En cuanto a la justicia gratuita y el turno de oficio, se ha aprobado un Manifiesto en defensa de este servicio y se ha solicitado a los poderes públicos que promuevan una nueva Ley reguladora de la materia. Además, se ha pedido que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas en todas las comunidades.

Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se ha aprobado determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia y regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online.

En cuanto a la formación continua y especializada, se ha aprobado la obligatoriedad de la formación continua en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que debe ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas. También se ha solicitado que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero que la especialización no tenga carácter obligatorio ni suponga una reserva de actividad.

En relación a los desafíos deontológicos, se ha aprobado establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, crear un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía y adoptar criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y cumplimiento en empresas.

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