El último informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, acaba de ser publicado y denuncia un preocupante retroceso en la protección de derechos fundamentales en Europa Occidental, achacándolo principalmente al endurecimiento de las regulaciones sobre internet y a las restricciones de libertad de expresión en países como Reino Unido, Alemania y Francia.
Según el documento oficial, las autoridades europeas han intensificado sus acciones contra usuarios que difunden discursos considerados de odio, provocando -según Washington- una “erosión de derechos” al criminalizar determinadas opiniones políticas o religiosas.
En el caso británico, tras un grave caso de violencia, se tomaron medidas incluso contra usuarios que difundieron bulos y llamamientos a la violencia, lo que EEUU interpreta como una “injerencia para silenciar voces desfavorecidas”.
La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que entró plenamente en vigor en febrero de 2024, busca combatir contenidos ilícitos y proteger a los usuarios, especialmente menores, exigiendo a las plataformas que implementen mecanismos para denunciar abusos y mejorar la transparencia de la publicidad digital. Instituciones comunitarias y organismos como la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) afirman que estas normas pretenden salvaguardar la libertad y seguridad en el entorno digital, pero reconocen que el auge de la polarización y la desinformación supone un reto añadido para el equilibrio entre protección y derechos.
Expertos de organizaciones como Human Rights Watch y antiguos altos cargos estadounidenses han alertado de la “manipulación y politización” de este informe, señalando la omisión de abusos a colectivos como el LGTBI en Uganda y el trato mucho más benigno a socios estratégicos de la administración actual, como Israel o El Salvador. El documento, de extensión muy reducida respecto a años anteriores, intensifica las críticas a adversarios como Brasil y Sudáfrica, mientras minimiza problemas en países aliados, lo que genera acusaciones de parcialidad y oportunismo geopolítico.
Contexto europeo y reacción internacional
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), en su propio informe anual publicado en junio de 2024, reconoce tanto avances como retrocesos en la protección de derechos. Señala que la digitalización y la regulación del discurso público han generado desafíos concretos: la lucha contra la incitación al odio, la protección de las minorías y la necesidad de asegurar un debate democrático sin caer en la censura injustificada. Paralelamente, instituciones como el Consejo de Europa subrayan que cualquier restricción en derechos debe ser proporcional, legítima y sujeta a revisión judicial.
La comunidad internacional observa con atención este debate, dada la importancia de salvaguardar tanto la libertad de expresión como la protección frente a delitos de odio y desinformación. Las tensiones entre seguridad, derechos individuales y el papel de las plataformas digitales se mantienen en el centro de la agenda europea y global en estos momentos como uno de los puntos principales de las agendas.