Fiscalía amarga a Urdangarin su primera salida de prisión
20
de Septiembre
de
2019
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Iñaki Urdangarín ha salido hoy por primera vez de prisión, un año y tres meses después de ingresar en la cárcel de Brieva. Estará fuera previsiblemente 8 horas al día, dos días a la semana para trabajar como voluntario en un centro de discapacitados de Pozuelo. Todo esto, siempre y cuando Fiscalía no recurra la resolución del juez que le otorga el permiso, algo que están estudiando y podría amargar al exduque su primera salida de la cárcel.La Fiscalía se opuso al recurso presentado por Urdangarin en el que solicitaba que se revocara la resolución de Instituciones Penitenciarias que le negaba su salida de prisión para ejercer el voluntariado en función del Reglamento Penitenciario. El Ministerio Fiscal argumentó, en su escrito, que la labor de Urdangarin en esta ONG “no responde a ningún puesto de trabajo, como lo califica el informe pedagógico” y, además, el penado carece de cualificación alguna ya que se trata de un centro de discapacitados. “Esto es el programa es de ayuda al discapaz, no al penado”.Instituciones Penitenciarias también se opuso a la solicitud de Urdangarin en aplicación de la legislación penitenciaria, por el tiempo de cumplimiento de condena, su tratamiento y por la propia seguridad del centro penitenciario, pero el exduque recurrió y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León ha aceptado el recurso interpuesto por el cuñado del Rey para tener acceso a ese permiso que le permitirá salir del aislamiento al que se encuentra sometido por ser el único preso varón en una cárcel de mujeres.La Fiscalía critica que este haya tomado la decisiónsin cuestionar su clasificación en segundo grado y critica el ardid del penado a la hora de plantear su solicitud, pues mientras la impugnación de la clasificación en la que se encuentra se resuelve a través de una resolución administrativa de ejecución inmediata, la segunda, la de su permiso para un programa de atención especializada, “es directamente aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria”. A juicio del Ministerio Fiscal, esto encubre “una maniobra para eludir la autorización administrativa, que sí se exige y que fue ya denegada”.
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