El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha tomado la decisión de archivar la causa de 'Tsunami Democràtic', en la que figuraban como investigados diez personas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta resolución llega tras un auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años debido a que el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, un día después del plazo establecido.
La invalidez de las diligencias y su impacto en el caso
Este acto jurídico no es un mero formalismo: tiene implicaciones profundas y de largo alcance. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 no solo archiva la causa, sino que también remite testimonio de su resolución, así como la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial". La decisión del juez no es unilateral; se inscribe en un complejo marco legal que ha visto al alto tribunal acordar investigar por terrorismo a figuras prominentes como el expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg en 2023.
García Castellón, quien se encontraba de vacaciones, ha retornado específicamente para dictar esta resolución. La urgencia y la seriedad de la situación son palpables: el juez instructor asume el criterio de la Sala de lo Penal, que atendía el recurso de una de las investigadas, Marta Molina, y que determinaba que, anuladas todas las diligencias de los últimos tres años, se debía pronunciar contando únicamente con el material existente hasta julio de 2021. Este detalle técnico, aparentemente menor, ha sido elemental para el desenlace del caso.
En su argumentación, el magistrado aclara que el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece las vías de actuación una vez practicadas todas las diligencias de investigación, que en este caso se traducen en continuar el procedimiento con el auto de procedimiento abreviado o en el sobreseimiento de la causa. Ante la falta de declaraciones de los investigados previas a julio de 2021, el archivo se presenta como la única opción viable.
Implicaciones para los investigados
La resolución del juez, sin embargo, no minimiza la gravedad de los hechos investigados. En el auto, García Castellón subraya que las diligencias incluyen actos que son "susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo". No obstante, con la invalidez de las pruebas acumuladas desde 2021, la Sala concluye que "no existen motivos suficientes" para mantener la imputación de los investigados, entre los cuales se encuentran figuras de relevancia en la política y la sociedad catalana.
Además de Marta Rovira, estaban bajo investigación el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de Organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami'Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium CulturalOleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio.
Una decisión que sacude el panorama judicial y político
El archivo de la causa de 'Tsunami Democràtic' no es solo un acontecimiento legal, sino un evento con profundas repercusiones políticas y sociales. Las investigaciones, ahora invalidadas, abarcaban hechos de gran envergadura y polémica, situando el foco en el papel de las protestas y las acciones coordinadas por grupos independentistas en Cataluña. La resolución deja en suspenso cualquier avance en la judicialización de estos hechos, lo que supone un alivio para los investigados, pero también una sombra sobre la capacidad del sistema judicial para llevar a término investigaciones complejas y sensibles dentro de los plazos procesales.
Este desenlace pone de manifiesto la importancia crítica del cumplimiento estricto de los plazos procesales en la instrucción de causas judiciales. Un retraso de apenas 24 horas ha bastado para desmoronar tres años de diligencias, evidenciando la delgada línea que separa el rigor procesal de la nulidad absoluta. Para los observadores y actores del sistema judicial, este caso se erige como un recordatorio de la necesidad de una gestión meticulosa del tiempo y los recursos en la administración de justicia.
El archivo de la causa 'Tsunami Democràtic' refleja la complejidad y las tensiones inherentes al proceso judicial en casos de alta relevancia política, donde los procedimientos legales se entrelazan con las dinámicas del poder y la opinión pública.