El Ejecutivo español ha presentado este viernes un ambicioso plan que contempla movilizar más de 13.500 millones de euros hasta 2030 para desatascar la red eléctrica nacional, acompañado de un decreto de medidas urgentes que impone nuevas obligaciones de transparencia a las compañías eléctricas. La iniciativa surge tras el histórico colapso que sufre la infraestructura eléctrica del país, donde el 83,4% de los nudos de distribución están completamente saturados. Según las proyecciones ministeriales, esta inversión “sin precedentes” permitirá “multiplicar por 14 la integración de nueva demanda”, pasando de los 2.000 megavatios actuales a 27.700 MW de capacidad disponible.
Las principales eléctricas —Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP— han confirmado por primera vez ante el supervisor que más del 80% de los puntos de conexión están ya copados. Esta saturación impide a la industria conectarse y amenaza inversiones por hasta 100.000 millones de euros, con proyectos de hasta 60.000 millones bloqueados por la falta de capacidad de conexión.
El mapa del colapso es especialmente severo en comunidades autónomas clave para el desarrollo económico. País Vasco y La Rioja alcanzan un 99% de saturación, mientras que Aragón registra un 96% y Navarra un 94%. Andalucía presenta un 93% de ocupación, y regiones industriales como Madrid (82%) y Cataluña (82%) también superan niveles críticos.
Las medidas del nuevo decreto: La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha detallado las medidas más relevantes del nuevo decreto durante un acto celebrado en el ministerio. La norma incluye la revisión al alza del tope máximo de inversión en redes, que actualmente se sitúa en el 0,13% del PIB nacional para la red de distribución y del 0,065% para la de transporte. El ministerio planea aumentar estos límites un 62% para 2030, llegando hasta el 21% del PIB en distribución.
Una medida histórica es la aprobación de las inversiones anticipatorias, una demanda recurrente del sector. Estas se limitarán a casos específicos donde un industrial ya establecido necesite ampliar la capacidad eléctrica en una zona saturada. Hasta ahora, el propio industrial debía asumir estos costes; ahora podrán computarse con cargo a la planificación de forma anticipatoria.
A cambio de mayor flexibilidad inversora, el Gobierno impone controles sin precedentes. Las eléctricas deberán difundir públicamente el detalle de sus planes de inversión, justificar sus decisiones sobre a qué consumidores dan acceso y por qué a otros no, y auditar sus acciones para explicar las diferencias entre la inversión prevista y la finalmente ejecutada.
El anuncio gubernamental se produce en plena batalla con el sector por la retribución de las redes eléctricas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una tasa del 6,46% para el período 2026-2031, frente al 5,58% actual. Sin embargo, las eléctricas, representadas por AELEC, reclaman un 7,5% y amenazan con revisar sus planes de inversión si no se acepta. La patronal eléctrica argumenta que la tasa propuesta sitúa a España “en el último vagón de la UE” y genera un desincentivo para invertir en un momento crítico para la transición energética. Un estudio de la Universidad del País Vasco respalda la demanda del sector, estimando que la tasa debería situarse entre el 7,44% y el 7,55% para garantizar las inversiones necesarias.
Este paquete de medidas es el resultado del “troceo” del decreto antiapagones que el Congreso tumbó en julio con 183 votos en contra frente a 165 a favor. La norma original incluía medidas para prevenir nuevos ceros energéticos tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que afectó a toda España.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha definido la situación actual no como “la foto de un país ahogado”, sino como “la foto de una oportunidad”. Groizard, ingeniero por Cambridge y ex director del IDAE, asumió el cargo en noviembre tras la salida de Teresa Ribera hacia Bruselas.
El Gobierno ha creado un grupo de trabajo para “optimizar la capacidad de las redes” donde participarán el ministerio, las grandes eléctricas y la CNMC. Este foro deberá abordar la “feroz batalla” actual por la retribución de las redes, cuyos costes repercuten en los consumidores a través de los peajes eléctricos.