Nada se debe objetar a que el familiar de un político pueda acceder a un trabajo en la Administración pública. Faltaría más, todo ciudadano tiene derecho a competir en el mercado laboral, siempre que sea bajo las mismas condiciones, tal como establece la Constitución del 78. Sin embargo, cuando ese pariente o allegado es colocado a dedo, ahí estamos hablando de nepotismo y enchufismo, una práctica que debería estar penalizada.
Es lo que ocurre con la hermana de Feijóo, Micaela Núñez, cuya empresa se ha embolsado 1,6 millones de la Xunta de Galicia en 124 contratos a dedo desde el mes de enero, según publica El Salto Diario. “Estas licitaciones se suman a las ya 1.311 firmadas entre 2018 y 2023 por el Gobierno gallego por un total de 4,8 millones de euros con Eulen, la empresa que Micaela Núñez Feijóo dirige en el noroeste del Estado”.
Según el digital de ámbito regional, los contratos suman 1.598.835,23 euros si se tienen en cuenta las licitaciones adjudicadas a dedo desde el uno de enero hasta la segunda quincena del mes de septiembre de este año. “El entramado empresarial que Micaela Núñez Feijóo lidera en el noroeste del Estado español sigue haciendo caja a pesar de que las sospechas sobre un presunto trato de favor desde el Gobierno gallego —primero de su hermano y después del actual presidente, Alfono Rueda—en otras 1.311 facturas entre 2018 y 2023 han forzado la que probablemente sea la única comisión de investigación de toda la legislatura en Galicia”, según el diario.
Para este periódico, la manera de actuar desde los despachos de la Xunta de Galicia “sigue siendo la misma que desde el 2018: fraccionar servicios que se podrían licitar conjuntamente y así evitar sacarlos a concurso, sorteando a la competencia y, quizás, pagando un precio por encima del de mercado”. De hecho, estos son algunos de los argumentos —y de las sospechas— que han llevado al Bloque Nacionalista Galego (BNG) a utilizar su única oportunidad de forzar unilateralmente una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia. Allí habrán de sentarse el ahora presidente del Partido Popular y el actual presidente de la Xunta para explicar tanto los casi 1.500 contratos repartidos indiscriminadamente desde la Administración gallega, como los sobrecostes de 470 millones de euros del Hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) y los contratos de emergencia firmados durante la última etapa de Feijóo como presidente, coincidiendo con la etapa más dura de la pandemia de coronavirus. Aunque el Partido Popular podría retorcer su mayoría absoluta para tratar de librar a Feijóo de esos focos.
Esta información la desvela en exclusiva El Salto gracias al análisis exhaustivo de cerca de dos millones de contratos emitidos sin anuncio previo ni concurso público por las decenas de organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia, a pesar de la escasa accesibilidad que ofrece el Portal de Transparencia del Gobierno gallego en este tipo de licitaciones. Además de estas contrataciones, la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo es alta directiva se llevó en las mismas fechas otros 15,1 millones en licitaciones mayores, esta vez sí abiertas, como desveló el diario Público en 2022 y sobre las que pesa el presunto manejo de información privilegiada.
Ninguna otra empresa española ha tenido un trato tan preferente con la Xunta de Galicia como Eulen. Según la información disponible en la plataforma de contratación de la Xunta, las compañías Securitas y Prosegur, con alrededor de 20 millones cada una en el mismo período, no llegan ni a la mitad de esa cantidad. Según Público, la gran mayoría de los contratos y del dinero adjudicado a Eulen corresponden al Servizo Galego de Saúde (Sergas), desde el que la prima de Alberto y Micaela Núñez Feijóo, Eloína Núñez Masid, exgerente de los hospitales públicos de Santiago, tramitó al menos dos concursos en favor de la empresa por valor de casi cuatro millones de euros pocos meses antes de ser destituida.