La temporalidad en el empleo público sigue siendo una de las principales preocupaciones en el ámbito laboral en España. Los últimos datos del mes de enero de 2024 muestran una situación alarmante, con tasas elevadas en muchas comunidades autónomas y administraciones locales. Según datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el análisis realizado por el Gabinete Socioeconómico de la Confederación General del Trabajo (CGT), la precariedad laboral se mantiene como una característica dominante en el sector público.
En varias comunidades autónomas, las tasas de temporalidad superan el 40%. Este es el caso de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, con un 41,2% y un 40,5% respectivamente. Estas cifras muestran cómo el problema de la temporalidad afecta especialmente a estas regiones, comprometiendo la estabilidad del empleo público y la calidad del servicio a la ciudadanía. Además, Extremadura y Murcia también registran tasas de temporalidad elevadas, alcanzando el 39,8% y el 38,7% respectivamente, particularmente en las regiones del sur y este de España.
La situación se agrava al analizar las entidades locales. Por ejemplo, en los ayuntamientos la tasa de temporalidad alcanza el 42,4%, mientras que en instituciones sanitarias la temporalidad es del 53,7%, una cifra preocupante que refleja la vulnerabilidad de los trabajadores esenciales en sectores cruciales para el bienestar de la población. Asimismo, las universidades públicas también presentan una tasa de temporalidad alta, con un 50,2%.
Las causas principales identificadas para esta alta temporalidad en el sector público incluyen la falta de convocatorias de oposiciones y procesos de consolidación adecuados, así como la dependencia de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales. En muchos casos, la falta de previsión y la gestión ineficiente de recursos humanos llevan a que los contratos temporales sean la solución rápida para cubrir vacantes, pero sin ofrecer estabilidad a los trabajadores.
Por otro lado, en cuanto a la evolución del personal público por tipo de contrato, los datos muestran un significativo aumento en la contratación temporal durante los últimos años. A pesar de que el número de funcionarios de carrera ha crecido desde 2020, los empleados laborales temporales han experimentado un incremento considerable en 2023, llegando a casi 400.000 trabajadores antes de descender levemente en 2024. Esto indica un uso intensivo de contratos temporales como solución inmediata, pero no sostenible, para cubrir necesidades del sector público.
La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) denuncia esta situación de precariedad y exige una política clara de estabilización del empleo público. Además, denunciamos que no se están cumpliendo las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligan a sancionar las situaciones de abuso de temporalidad, como establece la última sentencia de junio de 2024, que recalca la obligación de los Estados miembros de sancionar estos abusos de forma efectiva. La temporalidad no solo afecta a la calidad del empleo de los trabajadores, sino que también repercute negativamente en la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
Además, la organización sindical insta al gobierno de Pedro Sánchez y a las administraciones públicas a tomar medidas urgentes para reducir estas cifras de temporalidad, garantizando así un empleo digno y estable para todas las personas trabajadoras del sector público y mejorando la calidad de los servicios esenciales.
El próximo sábado 19 de octubre, tendrá lugar otra manifestación unitaria, en este caso en Madrid. Comenzará a las 12 horas en la fuente de Neptuno y transcurrirá hasta la esquina de Gran Vía con Montera.