El Ministerio del Interior está considerando la posibilidad de impugnar el convenio firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa Desokupa. Este acuerdo, que prevé la formación de agentes en defensa personal, ha generado una serie de cuestionamientos sobre su legitimidad y conformidad con los estándares oficiales.
El convenio en cuestión ha suscitado preocupación dentro del Ministerio debido a la falta de respaldo oficial. Fuentes del Interior han señalado que estos cursos, que según el SUP y Desokupa están diseñados para capacitar a hasta 30.000 agentes, no cuentan con la homologación necesaria de la Dirección General de la Policía (DGT). Según el comunicado oficial, la formación ofrecida a través de este convenio “no es homologable ni baremable”, lo que significa que no cumple con los requisitos establecidos para ser considerada válida dentro del marco institucional de la Policía.
Un aspecto importante del debate es la ausencia de respaldo por parte de la Dirección General de la Policía, que se encarga de supervisar y validar todas las formaciones oficiales para los agentes. La formación externa, como la que se propone en este acuerdo, carece de valor evaluativo para promociones o evaluaciones profesionales, de acuerdo con las normativas vigentes. La División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía es la entidad responsable de la formación oficial, incluyendo el ingreso, la promoción y la especialización, y cualquier curso externo no reglado no tiene cabida en estos procesos.
Vigilancia sobre la conformidad democrática
Además de la falta de homologación, el Ministerio del Interior ha expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que el convenio pueda contradecir los valores democráticos y constitucionales. La posible apertura de un expediente para investigar si el acuerdo con Desokupa infringe los principios democráticos subraya la importancia de garantizar que toda formación externa respete el marco legal y los principios establecidos. La Dirección General de la Policía y el Centro Universitario de la Policía, que juegan un elemental papel en la formación académica y profesional de los agentes, destacan la necesidad de que cualquier programa de formación cumpla con los estándares constitucionales y éticos.
Compromiso con los valores institucionales
El Ministerio del Interior ha reafirmado su compromiso con la integridad de la formación policial y la adherencia a los valores democráticos. A través de la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario de la Policía, se asegura que toda la formación oficial sea evaluable y cumpla con los requisitos académicos y profesionales. La transformación que ha experimentado la Escuela de Policía desde su creación en 1986, incluyendo la introducción de estudios universitarios y másteres, ha sido fundamental para garantizar una carrera profesional homogénea y de alta calidad.
Con la evaluación en curso, el Ministerio del Interior busca preservar la calidad y el respeto por los valores democráticos en la formación policial, asegurando que cualquier formación externa, incluso si carece de valor académico oficial, no comprometa los principios fundamentales del servicio público. Este caso subraya la necesidad de un riguroso control sobre las actividades externas que afectan a la formación de los agentes, garantizando que se mantengan los más altos estándares en el desarrollo profesional y la ética policial.