La preparación de la reforma en el sistema judicial, ya conocida como "ley Bolaños" está generando una gran tensión entre magistrados, jueces y fiscales. La semana pasada comenzaron las protestas en las puertas de algunos juzgados, especialmente en Madrid, anunciando lo que se supone, será un parón de juelga el próximo mes de julio.
Hoy se ha conocido la postura al respecto por parte del gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que ha conseguido aunar posiciones conservadoras y progresistas y valorar que la convocatoria de los jueces carece de respaldo normativo para ser convocada.
Huelga convocada
La huelga de jueces en España está convocada para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, con una gran concentración previa el 28 de junio ante el Tribunal Supremo. Esta protesta ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales (todas menos la progresista) en rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente las relacionadas con el acceso a las carreras judicial y fiscal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que la instrucción de causas penales pase de los jueces a los fiscales. La convocatoria cuenta con un amplio apoyo en las carreras judicial y fiscal, con más del 80% de los asociados a favor del paro, y ha generado también adhesión ciudadana en varias regiones. (El Confidencial) (Economist and Jurist)
Posicionamiento unánime del CGPJ
Respecto al posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este órgano ha acordado por unanimidad que la huelga de jueces no tiene sustento legal y, por tanto, no reconoce la convocatoria.
En el pleno extraordinario celebrado hoy, 26 de junio de 2025, el CGPJ, con unanimidad de sus 21 miembros, reiteró que el derecho de huelga carece de soporte normativo para los jueces y magistrados. Sin embargo, con los votos de la presidenta Isabel Perelló y los vocales propuestos por el PP, el CGPJ añadió que, en caso de que se produzca la huelga, esta no debería afectar a servicios esenciales como el reparto de asuntos, servicios de guardia, decisiones urgentes de instrucción, tutela de derechos fundamentales, procesos con personas vulnerables, medidas cautelares o cualquier decisión judicial inaplazable que afecte a derechos fundamentales o a la dignidad del Poder Judicial.
El CGPJ considera que el derecho de huelga no está previsto para los jueces y magistrados en la legislación española vigente, postura que ya había mantenido en 2009 y que ha reiterado ahora. Por ello, el CGPJ se declara no competente para fijar servicios mínimos y da por no anunciada la huelga. Además, el Ministerio de Justicia ha instado al CGPJ a tomar medidas para descontar la parte proporcional del sueldo a los jueces que secunden el paro.
En cuanto a las diferencias internas del CGPJ, "los vocales propuestos por la izquierda defienden que los jueces, como titulares de un poder del Estado, no pueden hacer huelga, mientras que los vocales propuestos por el PP consideran que no hay una prohibición expresa y que ha habido convocatorias de huelga en el pasado sin consecuencias legales, lo que podría permitir un escenario similar ahora. No obstante, el acuerdo final fue unánime en negar la legalidad de la huelga", recoge ElDiario.es