En medio de la polvareda política, emerge el juez José Castro –instructor del caso Nóos que sentó en el banquillo a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin–, para referirse a la gestión de la pandemia realizada por Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista con Jesús Cintora en su canal de YouTube, recogida por el Huffington Post, Castro asegura a propósito de la gestión de la pandemia de la Comunidad de Madrid: “Hay un protocolo, que dicen que era un borrador que no tenía eficacia jurídica, pero que a ese borrador se ajustaron la mayoría de las residencias de Madrid para no derivar a los hospitales a los enfermos”.
“¿Que los enfermos no iban a ser inmortales? Por supuesto. La señora Ayuso no descube nada nuevo al decir que algunos de esos enfermos hubieran muerto en cualquier sitio. Pero no hace falta recurrir a ese argumento con relación a la pandemia. En cualquier caso hay personas que llegan fallecidas a un hospital, pero el intento de llevarlas al hospital es lo que hay que materializar”, alega Castro. “¿Que luego mueren en el hospital? De acuerdo, pero hay que llevarlas al hospital bien porque algunas se van a salvar, bien porque algunas van a tener una muerte más dulce y sobre todo acompañadas de sus seres queridos”, añade el juez.
El magistrado asegura que “lo que hizo [Ayuso] con respecto a los hospitales es una canallada”: “¿Por qué no se ha investigado? Pues otro fallo. No se investigó al rey emérito suficientemente, no se investiga el protocolo de la Comunidad de Madrid, porque la Justicia no funciona como debe. ¿Qué le voy a decir? Es que no hay otra explicación”.
“Ni la Justicia funciona porque los jueces podrían incoar de oficio, pero también las podría incoar porque la propia abogacía de la Comunidad autónoma la instara”, afirma el juez. “Siempre he sabido que la Justicia no es igual para todos, pero en un caso tan escandaloso creo que al menos se debería dar la impresión de lo contrario y ni tan siquiera eso se hace”, se lamenta.
Ayuso ha defendido la gestión de su Ejecutivo en las residencias de mayores durante la primera ola del coronavirus y ha apuntado que “había muertos en todas partes” y “no se salvaban en ningún sitio”. Sin embargo, la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid asegura que se podrían haber salvado 4.000 vidas. Este organismo ha concluido que en marzo y abril de 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras comunidades autónomas, y ha estimado que si no se hubieran aplicado criterios “discriminatorios” se podrían haber salvado 4.000 vidas, informa Efe.
Esta Comisión se constituyó en abril de 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre qué sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.
La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y de los testimonios de familiares, supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de residencias, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales.
Los miembros de la Comisión, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, han presentado las conclusiones, entre las que señalan que en los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias como consecuencia de decisiones políticas y de gestión “discriminatorias” respecto a la asignación y organización de los recursos disponibles. En el informe, la Comisión señala que el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado.