Durante los primeros días de la pandemia, el teléfono de emergencias 112 recibió decenas de llamadas de familiares y trabajadores de residencias en la Comunidad de Madrid, según revela una exclusiva de elDiario.es. Las transcripciones a las que tuvo acceso este medio confirman la desesperación de quienes intentaban salvar a sus seres queridos en residencias donde, como denuncian, "no les dan ni de comer y aunque griten, nadie les atiende".
Desvelan una realidad desgarradora que tuvo lugar durante los primeros meses de la crisis sanitaria: el abandono al que se vieron sometidos los mayores en las residencias madrileñas y la impotencia de sus familiares y trabajadores.
"No les dan de comer, no hay personal”
Las llamadas al 112, realizadas entre el 13 de marzo y el 2 de abril de 2020, revelan el colapso absoluto que sufrían los centros de mayores. Los familiares de los residentes, al no recibir respuesta ni auxilio de las autoridades, se veían forzados a llamar repetidamente al servicio de emergencias para implorar ayuda.
"Se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Vayan ya porque se van a encontrar a 180 ancianos muertos", denunciaba, angustiada, la hija de un residente de una residencia en Sanchinarro el 24 de marzo. Sin embargo, esta no fue la única llamada que evidenciaba la gravedad de la situación. Familias y trabajadores narraban cómo los ancianos no recibían ni comida ni atención médica. "No le dan de comer y aunque grita, nadie le atiende", relataba un amigo de un usuario en una residencia de Torrelodones.
Un protocolo de exclusión que negaba la hospitalización
Uno de los puntos más controvertidos de la gestión de la Comunidad de Madrid fue el protocolo que restringía la derivación de residentes de centros geriátricos a los hospitales. Según estas llamadas, los médicos en las residencias no podían derivar a sus pacientes a los centros hospitalarios porque existía una orden explícita que lo impedía. "Nos ha dicho la médica que no la derivan porque tienen un protocolo de no derivación a los hospitales", explicaba el hijo de una residente de 76 años en Valdemoro.
Este protocolo de exclusión, que según el Gobierno de Ayuso se aplicaba con criterios clínicos, fue uno de los factores clave que agravó la tragedia. Las residencias, muchas de ellas sin el personal ni el equipo adecuado para atender una emergencia sanitaria de tal magnitud, se convirtieron en una trampa mortal para miles de personas mayores.
"¿Les van a dejar morir?"
El sufrimiento de los familiares queda reflejado en el tono de las llamadas. Desesperación, impotencia y dolor son los elementos recurrentes de estos testimonios. El 31 de marzo, la hija de un residente en Robledo de Chavela llamaba al borde del llanto: "¿Les van a dejar morir? Una cosa es que se mueran y otra es que se mueran sufriendo. Mi padre ha pagado la Seguridad Social, ¿es que no tiene derecho a morir dignamente?".
Estas palabras reflejan la angustia vivida por las familias, que no solo tuvieron que enfrentarse al miedo de perder a sus seres queridos, sino también a la frustración de no poder ofrecerles una atención médica mínima. La falta de respuestas y la negativa a trasladar a los enfermos a los hospitales condenaron a muchos ancianos a morir sin asistencia.
Un Gobierno sin respuestas
Consultada por elDiario.es, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid insistió en que las decisiones sobre derivaciones se tomaban "caso por caso" y en que los criterios clínicos estaban avalados por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Sin embargo, las decenas de llamadas al 112 sugieren que, en la práctica, la situación era mucho más compleja. Las residencias no estaban equipadas para atender una pandemia, y la falta de recursos y personal hizo que muchas personas murieran sin recibir asistencia médica.
A pesar de las repetidas peticiones de ayuda, la respuesta de los servicios de emergencias era a menudo la misma: "Ya les contactarán". Pero el contacto no llegaba, y los residentes seguían sufriendo. "Ya sabes que los pacientes geriátricos no son transferidos", llegó a responder un operador del 112 a un médico de una residencia de Sanchinarro, donde en un solo día fallecieron cinco personas.
Una tragedia evitable
La gestión de la pandemia en las residencias de Madrid ha sido objeto de múltiples críticas y controversias, con investigaciones que señalan que más de 4.000 muertes podrían haberse evitado. La propia diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, quien solicitó acceder al registro de llamadas, ha denunciado que "Ayuso negó la asistencia hospitalaria y abandonó a su suerte a las personas mayores en las residencias. Jugó a ser Dios y debe responder por ello".
Este capítulo sombrío de la pandemia en Madrid sigue generando preguntas sobre la responsabilidad política y ética de quienes tomaron decisiones que impactaron en las vidas de miles de personas mayores y sus familias. Mientras tanto, las llamadas al 112 se erigen como un testimonio de desesperación y abandono, un eco de una tragedia que jamás debió ocurrir.