El caso que ha mantenido en vilo a la Comunidad de Madrid desde la primera ola de la pandemia vuelve a ocupar titulares. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha dado un nuevo impulso a la investigación contra Isabel Díaz Ayuso y dos de sus exconsejeros, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, en relación con el conocido como 'Protocolo de la Vergüenza'. Este documento, que según se alega estableció criterios para no derivar a personas mayores de residencias a hospitales durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria, se encuentra en el centro de la polémica por las muertes en esos centros.
El auto, fechado el pasado 19 de septiembre, ha abierto nuevas diligencias, solicitando documentación clave y citando a declarar a dos médicos, entre ellos Javier Martínez Peromingo, quien fuera responsable del segundo protocolo. Esta reactivación de la causa surge a raíz de la orden de la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2023, que estimó el recurso de la familia de una residente fallecida en un geriátrico de Torrelodones.
El corazón de la investigación: ¿homicidio imprudente?
El núcleo del caso gira en torno a la acusación de homicidio imprudente. Los querellados, incluyendo a la presidenta regional, Ayuso, son señalados por presuntas negligencias en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia en marzo de 2020. En ese contexto, se aprobó un protocolo que restringía el traslado de residentes a hospitales en función de criterios médicos y de edad, lo que, según los críticos, habría agravado la situación de los ancianos afectados por el COVID-19 en las residencias.
La investigación pretende determinar si, al seguir esos protocolos, se cometieron imprudencias que derivaron en la muerte de cientos de ancianos en estos centros. Aunque ya se han cerrado 25 procedimientos sin que se hayan encontrado pruebas de delito, este caso se ha convertido en emblemático por su potencial impacto político y social.
Nuevas pruebas en la mesa
La jueza instructora ha solicitado a Sanitas Mayores SL, la empresa gestora de la residencia de Torrelodones, una serie de documentos cruciales para esclarecer los hechos. Se pide un inventario detallado del material sanitario disponible en el centro durante el inicio del estado de alarma, incluyendo medicamentos y respiradores. Además, la magistrada exige información sobre la plantilla del geriátrico en marzo de 2020, como los horarios laborales, el número de trabajadores y su formación, particularmente en cuidados paliativos.
Una de las claves será el análisis de los ratios entre personal y residentes en esos meses críticos, y si se cumplían con los estándares necesarios. También se investigan los protocolos de aislamiento seguidos con los residentes fallecidos, un aspecto que ha generado gran controversia por las condiciones en que muchos mayores pasaron sus últimos días.
Los doctores bajo la lupa
Otra de las novedades que ha traído este avance judicial es la citación de dos doctores para declarar como testigos. Uno de ellos, Javier Martínez Peromingo, jugó un papel crucial en el desarrollo del segundo protocolo de no derivación a hospitales. Este médico fue el encargado de tomar las riendas de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria tras la destitución de Carlos Mur, quien también ha sido interrogado previamente en esta causa.
El testimonio de Peromingo es especialmente relevante, ya que, además de ser el autor de uno de los protocolos, elaboró un estudio sobre la mortalidad en las residencias madrileñas durante los primeros dos meses de la pandemia. Según este informe, uno de cada cinco residentes falleció entre marzo y abril de 2020, un dato demoledor que sigue persiguiendo a la administración regional.
Un caso que trasciende fronteras
El caso de las muertes en residencias no solo se dirime en los tribunales españoles. Los familiares de las víctimas han llevado su lucha a Europa, donde han presentado una petición formal para que una misión de eurodiputados investigue lo sucedido en las residencias madrileñas. Esta petición, que acumula más de 5.000 firmas, es la más apoyada en los últimos dos años en el Parlamento Europeo.
La presión sobre el gobierno de Ayuso sigue creciendo, especialmente cuando se compara la situación de las residencias madrileñas con las de otras comunidades autónomas. Aunque desde el Ejecutivo regional se ha defendido la gestión de la crisis sanitaria, señalando la falta de recursos en esos momentos de colapso y la rapidez con la que se tomaron decisiones, el caso sigue abierto y podría tener implicaciones serias.
Un futuro incierto
La reactivación de la causa judicial en Villalba marca un punto de inflexión en la batalla por la verdad sobre lo que sucedió en las residencias de Madrid durante la pandemia. Mientras la justicia sigue su curso, Isabel Díaz Ayuso, que ha mantenido una postura firme de defensa de su gestión, tendrá que enfrentarse a un escrutinio renovado, tanto en los tribunales como en la arena política.
El destino de esta investigación, y lo que pueda revelar sobre el manejo de la crisis sanitaria en Madrid, podría redefinir la percepción pública de uno de los momentos más oscuros de la pandemia. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan buscando respuestas, exigiendo justicia para aquellos que no sobrevivieron al 'Protocolo de la Vergüenza'.