El caso que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sumando nuevos capítulos. La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido abrir una pieza separada para investigar la relación entre González Amador y el Grupo Quirón, uno de los gigantes de la sanidad privada en España. Esta decisión responde a la solicitud de PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, y apunta a una posible operativa fraudulenta en torno a contratos millonarios adjudicados a Quirón por la Comunidad de Madrid.
La investigación se centra en las actividades empresariales de González Amador, especialmente en su empresa Maxwell Cremona, que en 2020 adquirió una compañía dedicada a la venta de productos cosméticos, Círculo Belleza SL. Esta empresa fue posteriormente rebautizada como Masterman & Whitaker y, a pesar de no contar con ningún empleado, logró obtener un contrato con Quirón Prevención, la filial de Quirón dedicada a la seguridad y salud en el trabajo. El contrato, valorado en cientos de miles de euros, tenía como objetivo la expansión de Quirón en Latinoamérica y la implantación de la Joint Commission International.
Sin embargo, la Fiscalía y la Agencia Tributaria sospechan que detrás de esta operativa hay algo más que un simple contrato de asesoría. En diciembre de 2021, se firmó un contrato entre Masterman y Maxwell Cremona para ceder parte de los servicios de asesoría a Quirón, lo que permitió a González Amador consolidar su control sobre ambas empresas. Según la investigación, este movimiento fue un intento de crear una estructura empresarial ficticia con el objetivo de beneficiarse fiscalmente en el futuro. A pesar de que en ese momento no hubo un impacto fiscal directo, Hacienda sostiene que González Amador buscaba generar gastos ficticios en una de sus empresas para obtener beneficios fiscales en ejercicios futuros.
Empresas pantalla y fraude fiscal
El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales es una técnica bien conocida en el ámbito fiscal para reducir las obligaciones tributarias. En este caso, se cree que González Amador utilizó esta estructura para crear unas bases imponibles negativas artificiales, es decir, pérdidas ficticias que le permitirían reducir su carga fiscal en el futuro. Masterman emitió una factura a Maxwell Cremona por valor de 600.000 euros, aunque previamente solo había recibido 327.000 euros de Quirón. Según la Agencia Tributaria, esta operación no tiene justificación económica y solo responde a una estrategia para defraudar a Hacienda.
Este caso ha puesto en el punto de mira las relaciones empresariales entre el entorno de Ayuso y grandes corporaciones como Quirón, que ha recibido adjudicaciones millonarias por parte de la Comunidad de Madrid. Además, la implicación de González Amador en esta trama no se limita a los supuestos delitos fiscales, ya que la acusación popular ha solicitado que se investiguen otros posibles delitos como la corrupción en los negocios y la administración desleal.
El papel clave de Fernando Camino
Uno de los personajes clave en esta trama es Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y miembro del Consejo de Administración de Mape, una empresa presuntamente vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. Según la investigación, González Amador habría recibido cerca de 2 millones de euros en comisiones por esta operación, una cifra que no declaró a Hacienda como debería. La relación entre Camino y González Amador se extiende más allá de los negocios, ya que el empresario es también administrador de la sociedad que posee el ático de lujo en el que vive la pareja de Ayuso.
Este ático, valorado en 1,2 millones de euros, ha sido objeto de investigación por parte de PSOE y Más Madrid, que han solicitado una revisión patrimonial completa de González Amador y los demás implicados en la trama. En su escrito, la acusación popular ha pedido a la jueza que exija la entrega de correos electrónicos entre Quirón Prevención y González Amador, además de la declaración de Fernando Camino.
Consecuencias políticas
Este caso tiene importantes implicaciones políticas, ya que pone en el centro de la polémica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a los vínculos de su pareja con una empresa que recibe contratos millonarios de su gobierno. A pesar de que Ayuso no está formalmente implicada en la investigación, la relación entre González Amador y Quirón arroja dudas sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
La apertura de esta nueva pieza separada podría dar lugar a nuevas revelaciones sobre el papel de González Amador en las operaciones de Quirón y el alcance de las irregularidades detectadas. Además, la jueza deberá decidir en las próximas semanas si acepta las diligencias solicitadas por la acusación popular, lo que podría incluir nuevas declaraciones y la revisión de los correos electrónicos que podrían aportar pruebas clave sobre la relación entre el empresario y Quirón.
En los próximos meses, se espera que la investigación avance y que se aclaren las responsabilidades de los implicados, lo que podría desencadenar nuevas tensiones en el panorama político de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, la jueza sigue adelante con su instrucción, y el foco permanece en la relación entre el entorno de Ayuso y el Grupo Quirón.