La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, se encuentra cuestionada por su manejo de las finanzas públicas, especialmente en lo que respecta a los pagos a proveedores sin contratos formales. Este procedimiento, conocido como "convalidaciones de gasto", ha puesto de manifiesto una práctica administrativa que podría estar encubriendo una deuda considerable con Quirón Salud, empresa que gestiona varios hospitales en la región.
Desde 2020 hasta 2023, el gobierno de Ayuso ha pagado al menos 2.004 millones de euros a proveedores mediante convalidaciones de gasto, un método excepcional y no común en otras autonomías. Este mecanismo se utiliza para, supuestamente, cubrir presuntas irregularidades como la prestación de servicios sin un contrato vigente o después de que un contrato haya finalizado sin ser debidamente renovado. Aunque esta práctica se presenta como una solución a problemas administrativos ocasionales, la frecuencia y el volumen de estos pagos en Madrid podrían sugerir un patrón de gestión fiscal cuestionable.
Quirón Salud
La mayoría de estos pagos han beneficiado al sector de la sanidad privada, en particular al Grupo Quirón, que ha recibido grandes sumas para la gestión de cuatro hospitales. En 2021, en pleno apogeo de la pandemia y el mismo año en que la relación entre Ayuso y Alberto González Amador, vinculado a Quirón, se hizo pública, la Comunidad destinó 574 millones de euros a proveedores sanitarios, con 415 millones específicamente a la Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Quirón.
Estas cifras no solo reflejan la magnitud de los fondos dirigidos hacia Quirón, sino que también plantean preguntas sobre la transparencia y la legalidad de estas operaciones. Los pagos recurrentes a la Fundación Jiménez Díaz, aprobados a menudo en bloques significativos y sin detalle suficiente sobre los servicios prestados, podrían indicar una presunta preferencia hacia este grupo sanitario, más allá de lo que un manejo fiscal prudente y transparente permitiría justificar.
Deuda no declarada con la sanidad privada
La situación se complica aún más con la revelación de que estas prácticas de pago han llevado a la acumulación de una deuda no declarada con Quirón Salud. Según Fresenius, la empresa matriz de Quirón, la Comunidad de Madrid es su principal deudor, con 918 millones de euros, lo que representa el 25% del total de su cartera de deudas. Este dato contrasta con la reticencia de la administración regional a proporcionar cifras claras sobre sus obligaciones financieras, lo que sugiere un conflicto continuo sobre las valoraciones y pagos reales.
La insistencia del gobierno regional en el uso de las convalidaciones de gasto, a pesar de las críticas y los llamamientos a una mayor regulación y transparencia, pone de manifiesto una resistencia a adoptar prácticas más ortodoxas y transparentes en la gestión financiera. Esta actitud no solo plantea problemas de gobernabilidad y confianza pública, sino que también podría tener repercusiones legales y políticas significativas para los responsables.
El caso de la Comunidad de Madrid y Quirón Salud es un claro ejemplo de cómo las prácticas administrativas pueden desviarse de los estándares de transparencia y responsabilidad esperados en la gestión pública. Con el escrutinio tanto de organismos de control como de la opinión pública, este caso podría desencadenar un cambio necesario en cómo se gestionan y se reportan los fondos públicos en España, especialmente en sectores tan cruciales como la sanidad. La situación actual no solo requiere una revisión urgente y profunda de los procedimientos de contratación y pago, sino también una reflexión sobre la ética y la eficiencia en la administración pública.