El Consejo General de la Abogacía ha presentado el pasado viernes, en las XIV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia que se han celebrado en Santander, el Código de Buenas de Prácticas en la Administración de Justicia, que establece unas normas de orientativas en las relaciones de los distintos operadores jurídicos con los profesionales de la Abogacía. El objetivo es triple: profundizar en el respeto y dignidad de todos los profesionales; más transparencia y eficacia, que redundará en un mejor servicio a la justicia; y lograr una justicia ágil, próxima y de calidad.
El Código está dividido en cinco apartados, que recogen pautas de actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la administración de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía ante la administración de Justicia.
Entre los aspectos que regula este Código se recogen normas sobre señalamientos, puntualidad, fomento del diálogo entre los profesionales, garantizar la presencia del ministerio fiscal en todos los procesos en los que la ley lo establece o el acceso a las actuaciones.
Especialmente relevante es el apartado dedicado a la conciliación, que incorpora las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía en esta materia, como la declaración de un período inhábil en Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de enfermedad propia o de un familiar cercano.
Se trata de un texto para “profundizar en el respeto y en la dignidad de todos los implicados para asegurar unas relaciones profesionales fluidas y cordiales, requisito imprescindible para un mejor servicio de la justicia en aras de lograr la máxima transparencia y eficiencia”, explica la introducción del mismo.
Este Código “no sustituye la normativa deontológica que rige a la Abogacía, sino que complementa ésta ante los Tribunales en el ejercicio de la defensa de los intereses de la ciudadanía”. Además, estas normas no son obligatorias, sino “reglas indicativas u orientativas cuya función es establecer pautas claras de actuación sobre la mejor forma de proceder en cada una de las situaciones que se analizan”, se aclara.
“Este Código es un paso adelante”, ha señalado Encarna Orduna, presidencia de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General y decana del Colegio de la Abogacía de Reus. Se trata de texto con soluciones, que “va a redundar en beneficio del justiciable” y que también va a ser beneficioso para “el respeto y dignidad de nuestra profesión”, ha explicado.
El Código, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2021, cuenta con las aportaciones de todos los Colegios de la Abogacía y Consejos de Colegios. Ahora se presentará ante los órganos rectores de la administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía. Este Código es una propuesta abierta a la que se pueden incorporar más recomendaciones.
Para José Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria, “se trata de un texto complementario e integrador, que sirve de impulso para otros códigos”. Por su parte, Mª del Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha solicitado establecer los señalamientos de forma razonable, valorando el tiempo que va a llevar cada juicio antes de hacer los señalamientos. Y María del Perpetuo Socorro García Melón, secretaria de Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, considera que este Código tiene garantía porque “se llevado a cabo por profesionales que tienen conocimiento directo de lo que ocurre en la justicia”.