La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, ha pedido, en la inauguración de las X Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se regule con carácter preceptivo la asistencia letrada a las víctimas de maltrato desde el momento previo a la interposición de la denuncia.
“Pensar en las víctimas es no dejar de reclamar para ellas precisamente eso: más protección jurídica y mejor defensa”, ha asegurado Ortega en estas jornadas que se desarrollan en León, recordando una vez más la principal exigencia de la abogacía en este ámbito.
Ortega también ha subrayado la importancia de estar pendientes de las novedades jurisprudenciales: “En algunos casos, nos marcan caminos inéditos, como, por ejemplo, el que abría el pasado año el Supremo considerando el impago habitual de la pensión como otra forma de violencia de género”.
También ha recalcado que para proteger a las víctimas es necesario juzgar con perspectiva de género. “Es una forma razonable e inteligente de hacer verdadera justicia. Se trata de una obligación”.
Además ha mencionado con preocupación el impacto de nuevas manifestaciones delictivas, como la violencia digital, “llámese prostitución 2.0, explotación sexual, trata de seres humanos o ciberacoso”. A pesar de que ha aumentado el número de denuncias, ha lamentado que la violencia vaya en aumento ya que en el primer trimestre de este año, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 21,6 % y las víctimas de violencia género subieron un 18%. “Desde 2003, ya son 1.154 las mujeres asesinadas por esta causa, 24 de ellas en lo que llevamos de año”, ha señalado.
En la inauguración participaron también Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de la Abogacía de León y presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española; José Antonio Diez, alcalde de León; Ester Muñoz, delegada territorial de León de la Junta de Castilla y León; Ana Mª Arias, diputada de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de León; y Julio Orejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Rodríguez Santocildes ha afirmado que la violencia de género “es la expresión más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres”. Y ha señalado la responsabilidad de la abogacía, y de ahí la importancia de su formación continuada obligatoria, en el combate contra esta lacra.
Arias ha resaltado que León sea el centro de reflexión de las novedades jurisprudenciales de la violencia de género y que es fundamental la implicación de todas las instituciones para garantizar a la víctima la mejor protección.
Muñoz ha asegurado que solo desde el compromiso conjunto, institucional y social, desde la sensibilización y la concienciación, se podrá seguir avanzando y que la víctima se anime a denunciar.
Díez, por su parte, ha recordado la necesidad de educar en igualdad, porque es muy preocupante ver cómo parejas jóvenes están repitiendo estereotipos del pasado.
PONENCIAS DE LA JORNADA
En la primera mesa, Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, expuso las “Novedades jurisprudenciales en materia de género”. Afirmó que la detección del riesgo es vital para evitar agresiones: “Hace más daño matar a un hijo que a una madre”. En casos de violencia económica además, advirtió, se puede reclamar “el daño moral como responsabilidad civil del delito del impago de pensiones”. Otro importante fallo del Supremo, agregó, acaba de dictaminar que cuando el lugar del delito es virtual, puede conllevar condena de alejamiento de esa red social de hasta cinco años.
Teresa Peramato, fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, impartió las “Cuestiones prácticas sobre la aplicación del artículo 94 del Código Civil: régimen de visitas”. Afirmó que cuando se acuerda una orden de protección, se produce una situación de riesgo para los hijos. “Las formas de ejercicio de la patria potestad deben atender a la protección de los niños, agregó, aunque para valorar el interés del menor hay que oírlos, lo que es complicado en el momento de acordar esa orden”.
La primera sesión de la tarde trató la “Valoración de la prueba preconstituida”. José María Montero, médico forense, insistió en la importancia de ser muy rigurosos para evitar la victimización secundaria en los menores. “Hay que reducir el número de intervenciones y garantizar su calidad y validez”.
Ana Belén Correa y Alicia García Peña, psicóloga y asistente social del Instituto de Medicina Legal de Valladolid, expusieron cómo trabajan en la práctica con abogados para realizar esta prueba y recordaron que “hay que adecuar las preguntas dirigidas al menor en su declaración, acorde con su edad, porque no siempre se hace”.
La última ponencia del día versó sobre “Testimonio de la víctima y ámbito psicológico de la violencia”. Maite García, psicóloga, señaló que es fundamental para la abogacía contar con herramientas adecuadas para abordar el contacto con la víctima, “porque el proceso de salida de esa relación de violencia es un factor clave para continuar en el procedimiento judicial”.
Javier Ramírez, vocal de la Subcomisión sobre la Mujer de la Abogacía Española, defendió el papel de la abogacía de oficio y reclamó seguir insistiendo en la obligatoriedad de la asistencia letrada preceptiva: “Ya la propia ley marca asistencia letrada inmediata, especializada e integral”.
Por último, intervino Rocío Viéitez, víctima de violencia vicaria, que pidió a los abogados más protección para que casos como el suyo no vuelvan a pasar: “No me dieron ningún tipo de información y me citaron para declarar al día siguiente de enterrar a mis hijas. No tenía los derechos de una víctima de violencia de género, me tuve que pagar abogado, procurador y psicólogo”, argumentó en una exposición que terminó con el aplauso de los asistentes.