LaAudiencia Nacionalimputa a cuatro miembros del Gobierno de Mas por el caso 3%. El porcentaje debeneficio del gobierno catalán sigue en boga dieciséis años después de que Pasqual Maragall (PSC) desde la tribunadel Parlament, acusara a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obrapública que adjudicó cuando estuvo al frente del Gobierno en Cataluña. Maragallse vio obligado a rectificar entonces, tras la amenaza de Mas de romper elconsenso para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán. El tiempo da la razón a Maragall.
El titular del juzgado de instrucciónnúmero 5 de la Audiencia Nacional acuerda abrir una pieza separada parainvestigar a los exconsellers de CDC JordiJané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de cooperar en elblanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la ya desaparecidaformación. Ademásde los consellers también se investiga a excargos de Convergència como Xavier Crespo, Montserrat Candini, CarlesFlamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom y EduardFreixedes.
El juez considera que hay indicios de quelas donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y2010, eran "actos de afloramientode dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendoel plan superior trazado por jerarcas del partido".
El auto da por supuesta la “existencia deuna estructura de financiación ilegal y posterior blanqueo de capitales en CDC,a partir de la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo”.
Para el magistrado de la AudienciaNacional, “la estrategia para elfinanciamiento ilícito del partido se ha implementado durante años”,constaba de “un perfecto despliegue territorial e institucional en la quecolaboraban empresarios conniventes, por un lado, y autoridades y funcionariospúblicos próximos a CDC, por otro”.