La injerencia que pretende el primer ministro neerlandés, MarkRutte, sobre España, un intento de invasión en toda regla, dejaría los serviciospúblicos del Estado a tiro de venta o regalo a las grandes multinacionales,puesto que lo que pretende imponer Países Bajos a cambio de las ayudas para combatirla crisis económica derivada de la pandemia del Covid19 no es más que unintento de que los países del sur no inviertan en su pueblo y entregar elEstado del Bienestar a las grandes multinacionales.
Rutte pretende que nuestro país haga una serie de reformaspara doblegar su oposición, reformas que están basadas en los recortes alEstado del Bienestar y a los derechos de la clase trabajadora. Realmente, laspretensiones de Rutte no es más que un intento de invasión, una injerenciaabsoluta para que el gobierno de España haga lo que él diga. Es decir,convertir a nuestro país en una especie de colonia 2.0 de un país que, porcierto, se aprovecha de nuestro Estado del Bienestar.
El primer ministro holandés pretende poder vetar lasreformas que aplique España con los fondos europeos, es decir, que si se quierelegislar a favor de los derechos de los trabajadores derogando las leyespro-patronal de Mariano Rajoy, los Países Bajos tengan el derecho de vetardichas leyes españolas. «Si el Sur necesita ayudas de nuestro país paraafrontar la crisis (lo entiendo porque tienen un margen financiero limitadopara responder ellos mismos), es razonable que nosotros pidamos un compromisoclaro con las reformas. Y si los préstamos van a convertirse en parte ensubsidios, las reformas son todavía más cruciales y necesitamos una garantíaabsoluta de que se lleven a cabo», ha dicho Rutte.
Sin embargo, este escenario es muy peligroso puesto que ponea tiro de compra o de concesión la «joya de la corona» de España: su sanidad. Seael sistema que sea, nuestro país se vería obligado a convertir la salud en unverdadero negocio y, en consecuencia, poner los intereses o las cuentas deexplotación por delante del cuidado de la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Casualmente, este es el estado en que se encuentra la sanidadneerlandesa, un país donde el cuidado de la salud es un verdadero negocio paralas aseguradoras. Al igual que ocurre con otros países fanáticos delneoliberalismo y de las privatizaciones, la sanidad neerlandés prima lareducción de costes a salvaguardar la salud de su ciudadanía. Los médicos, porejemplo, priman ahorrar dinero a los seguros privados negando en la gran mayoríade las ocasiones la derivación a un especialista o la realización de pruebasdiagnósticas. Esto está provocando que muchos ciudadanos y ciudadanasneerlandesas eviten ir al médico porque, en muchos casos, se les cobra porpruebas o medicinas que en España, por ejemplo, están cubiertas por el Estado.
El mercado de la salud en los Países Bajos está copado por 4grandes aseguradoras que, además, realizan pólizas de un año de vigencia. Estosignifica que si una persona le ha generado mucho coste durante la vigencia delseguro, la empresa tiene la capacidad de decidir si aceptan o no a un paciente.Además, estos seguros no cubren determinadas especialidades como, por ejemplo, laginecología porque no está considerada como un servicio de atención médica.
Además, son muchos los ciudadanos neerlandeses que ven quees más barato acudir al turismo sanitario que ser atendido en su propio país. Lascifras en España son impresionantes, puesto cada año visitan hospitalesespañoles más de 20.000 holandeses para realizarse intervenciones que en supaís tendrían que esperar a que la aseguradora las aceptara. Si Pedro Sánchezcortara este grifo, Rutte tendría graves problemas sociales en su país. Ahílo dejo…
Si Europa aceptara las exigencias del primer ministro neerlandés,España se vería obligada a recortar tanto en sanidad que las aseguradorasprivadas se lanzarían como buitres para hacerse con un negocio por el quellevan décadas pujando. Eso no se puede permitir porque los ejemplos de las comunidadesautónomas que lo han aplicado (Madrid, Valencia y Andalucía) están ahí y lacolaboración público-privada no es más que el eufemismo que esconde laprivatización absoluta de un derecho reconocido en la Constitución y de unaobligación de un Estado que se considere digno de ser llamado democrático.