Las peligrosas relaciones de Cospedal con la presunta corrupción judicial en Castilla La Mancha

Poco se imaginaba María Dolores de Cospedal lo famosísima que iba a ser unos años después la instantánea que reflejó la emotiva celebración, solemne y togada, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2014 en el Salón de Plenos del Alto Tribunal castellano manchego, cuando se le entregaba a su «querida Concha» (Concepción Espejel Jorquera) la más alta distinción de manos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco Rodríguez, en presencia también del presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.Concepción Espejel —que acabaría siendo recusada en el juicio de la ‘Gürtel’ porque había sido propuesta por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial— fue miembro nato de la Sala de Gobierno del TSJCLM mientras era presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Posteriormente, fue nombrada vocal territorial de Castilla La Mancha en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).No obstante, quien realmente era amigo de Cospedal es Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo que condenó a Bárcenas al pago de 50.000 euros por «vulnerar el derecho al honor» de la entonces secretaria general del PP. No en vano, el presidente de la AP de Toledo fue testigo en la boda de María Dolores de Cospedal y uno de sus pocos invitados. En el año 2.013, casualmente un año antes de su condecoración, cuando Concepción Espejel todavía era vocal territorial de Castilla La Mancha, fue nombrado 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo el director de la firma de abogados en la que trabajaba el hijo del presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino.Los nombramientos fueron en los concursos de las diez empresas del grupo Ortiz Bravo “Cerámicas la Oliva” (Hermanos Ortiz Bravo, Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, Explotaciones de Canteras La Sagra, Nueva Cerámica Moderna, Ladrillería Técnica, Tejas Castilla-La Mancha, Tejas Árabes, Sopasa La Mancha, Centro Tecnológico de la Oliva y Auxiliar Industrial Ortiz Bravo). Sólo la matriz del grupo, Sopasa, propiedad de la familia Ortiz Bravo y participe en diversos fondos empresariales, tenía un pasivo en el año 2.011 de 30 millones de euros.La sociedad de la familia Ortiz Bravo también gestionaba la residencia de mayores Virgen de la Oliva, siendo los auditores del conglomerado empresarial la firma Abaco Auditores, representada por el ex alcalde de Toledo, el economista y empresario Juan Ignacio de Mesa, dueño de la conocida “Repostería Santo Tomé”.Se da la circunstancia de que Juan Ignacio de Mesa forma parte, junto con el también empresario fundador de la conocida marca “Joma”,Fructuoso López Gómez, de los Consejos Territoriales constituidos por Liberbank en Castilla-La Mancha, entidad que mantuvo contratos de «asesoramiento verbal» con el marido de la ministra que fueron investigados por la Audiencia Nacional.Lo que llama también la atención es el cúmulo de «casualidades» que vinculan a estos conocidos empresarios con el hijo del presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Tomás Gutiérrez Colino. Un ejemplo de ello es la sociedad Astrana Gestion Integral S.A., dedicada a la promoción de toda clase de negocios inmobiliarios, y cuyo presidente del consejo de administración es precisamente Fructuoso López Gómez. Esta sociedad nombró como nuevo consejero, en fecha 6 de junio de 2016, al hijo del Presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino quien, sin embargo, no es empresario.Así las cosas, la jueza sustituta del juzgado nº 1 de Talavera de la Reina, María Carmen Pozuelo Sánchez, ordenó de oficio la apertura de diligencias penales contra el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo por un delito continuado de nombramientos ilegales del cargo de administrador concursal, que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.La Sala de lo Penal del TSJ, compuesta por varios miembros de la Sala de Gobierno, ordenó, sin embargo, el archivo de las actuaciones hasta tanto no se presentara querella sabiendo que no existía ningún perjudicado que estuviera legitimado para interponerla.Se da la circunstancia de que el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo son también miembros de la misma Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.