Una ley peruana perdona los crímenes de guerra y de lesa humanidad

El máximo responsable de velar por los derechos humanos advierte que la nueva ley contraviene las obligaciones de Perú en virtud de las leyes internacionales y alerta de un contexto de retrocesos en la esfera de las garantías fundamentales en ese país

12 de Agosto de 2024
Guardar
Con la nueva ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de los hechos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990, como las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.| Foto: Unsplash/Barbara Zandoval
Con la nueva ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de los hechos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990, como las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.| Foto: Unsplash/Barbara Zandoval

El Congreso de Perú ha prumulgado una ley que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022 y, según la cual nadie será procesado, condenado ni sancionado por ese tipo de crímenes bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.

Según la nueva legislación, ningún hecho ocurrido antes de la fecha marcada puede ser tipificado como crimen de lesa humanidad o de guerra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha lamentado profundamente la entrada en vigor de la ley, afirmando que contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional.

Ni amnistía ni prescripción para esos crímenes

Volker Türk ha considerado que el hecho es especialmente preocupante en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el estado de derecho en Perú. “Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, ha subrayado.

Suspensión de procesos y anulación de condenas

Con la promulgación de la ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de atropellos de los derechos humanos perpetrados en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.

Además, la legislación anulará las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien salió de prisión por razones humanitarias el año pasado.

Sin rendición de cuentas no hay verdad, justicia, ni reparación

El Alto Comisionado ha insistido en que los responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional. “La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuandoquiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición de miles de víctimas de graves violaciones en Perú”, según Türk.

Advertencia previa

En junio pasado, un grupo de expertos independientes se había pronunciado ya contra la adopción de la ley cuando se discutía su borrador en el Congreso. “La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma de jus cogens y de derecho internacional consuetudinario, de la cual no se admite derogación alguna y a la cual Perú debe adherirse”, han recalcado los expertos en esta ocasión.

También ha criticado que en un momento en que la mayoría de los Estados han reformado su legislación interna para cumplir con este principio fundamental, el proyecto de ley 6951/2023-CR chocara con los valores básicos de la comunidad internacional, fomentara la impunidad y contradijera el estado de derecho.

Lo + leído