El gobierno de Kazajistán está tomando medidas enérgicas contra el tráfico de recién nacidos con una nueva ley aprobada a principios de este mes. La legislación facilita la persecución penal de delitos como el secuestro, la privación ilegal de libertad, la trata de seres humanos y la participación en la prostitución, entre otros.
La trata de menores es un delito que se ha trasladado a internet y que no sólo consiste en la adopción de niños, sino en su explotación sexual, trabajos forzosos y venta de órganos, según explican los expertos.
La ley kazaja responde a una sombría realidad que muestra que el año pasado se registraron en el país 19 casos de trata de recién nacidos, por los que más de 15 personas fueron llevadas ante la justicia, según el Ministerio del Interior del país. En lo que va de 2024, se han documentado seis casos de comercio de recién nacidos, que se venden a un precio que oscila entre 200 y 4.500 dólares.
La verdadera magnitud del problema
Pero eso es sólo la punta del iceberg, aclara Gulnaz Kelekeyeva, jefa del proyecto Acciones de Kazajistán, que forma parte de la lucha contra la trata de niños de Winrock International, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos. Kelekeyeva cree que las estadísticas oficiales no reflejan la situación real. “Desgraciadamente, en Kazajistán prácticamente no se han realizado investigaciones a escala nacional sobre los niños socialmente vulnerables y la vulnerabilidad de los niños a la trata y la explotación. Tampoco existen estadísticas precisas para evaluar la verdadera magnitud del problema”.
El único estudio sobre niños kazajos vulnerables que han sido víctimas de trata de personas dentro y fuera del país, así como de explotación sexual, fue realizado en 2012 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Desde entonces, la trata de personas y niños tiene lugar cada vez más en internet, advierte Kelekeyeva.
“Mucho ha cambiado en los últimos doce años, la trata de personas y de niños particularmente se lleva a cabo ahora en el ciberespacio”, dice. “Es necesario hacer un nuevo análisis de la situación actual en el país en lo que respecta a la protección de los niños contra la trata y la explotación”.
El año pasado, los medios de comunicación difundieron un caso en el que obstetras de una maternidad de Kazajistán vendieron a un bebé abandonado. Los médicos fueron declarados culpables de venta de un recién nacido por 3.000 dólares y recibieron una condena de ocho años de cárcel. En otro caso, una madre de 23 años intentó vender a sus dos hijos. El mayor tenía un año y el segundo menos de un mes. Los niños están ahora bajo protección estatal.
Prevención y lucha contra el tráfico de menores
Lamentablemente, las personas encargadas del cuidado de los niños a menudo no son conscientes del papel que desempeñan en la prevención y la lucha contra la trata de menores, continua Kelekeyeva. Esto incluye a las autoridades sanitarias y educativas, las maternidades y las escuelas, los hogares infantiles, las instituciones de tutela y cuidados, y las enfermeras y los pediatras de las clínicas, las salas de urgencias y los centros médicos privados de Kazajistán.
“A menudo, creen erróneamente que este asunto es competencia exclusiva de los organismos encargados de hacer cumplir la ley”, afirma. “Aunque es precisamente en este asunto donde debería haber una interacción entre todos los servicios implicados”, agrega.
Herramientas innovadoras
La nueva ley kazaja que endurece las penas por trata de seres humanos obliga al personal sanitario a denunciar el abandono de recién nacidos, de no hacerlo, incurren en responsabilidad administrativa. Las tecnologías digitales están ayudando a identificar estos casos.
Desde el año pasado se está probando un proyecto piloto en una de las maternidades de Astana, la capital de Kazajistán. Cada recién nacido recibió inmediatamente un número de identificación individual, lo que elimina la posibilidad de transacciones delictivas. Este año, el proyecto piloto se está extendiendo a todo el país.
Los logros científicos actuales, como la posibilidad de inseminación artificial, causan muchas dificultades para elaborar una ley destinada a prevenir el tráfico de recién nacidos, apunta el diputado Sergei Ponomarev, que ha participado en la elaboración de la nueva legislación contra ese delito. Ponomarev revela que, en la actualidad, se han detectado casos en los que mujeres de Kazajistán, especialmente de las regiones meridionales del país, son utilizadas como incubadoras para dar a luz a hijos de otras personas.
Cuando el niño nace, toman su ADN para determinar la patria potestad con un hombre que es ciudadano de otro país, y a la hora de comprobar el parentesco, el padre biológico tiene todo el derecho a llevarse a su hijo al extranjero, explica Ponomarev. El legislador señala que con respecto a este asunto, el país está abierto a estudiar la experiencia de otros Estados.
Un kazajo vendido en el extranjero vuelve a casa
Cuando nació hace 21 años, Eddy Jean fue adoptado por una mujer soltera belga que al parecer pagó 12.000 euros. En 2022 llegó a Kazajistán en busca de su madre biológica. “No necesito nada; sólo quiero ver la cara de mi madre, abrazarla al menos una vez y calmar mi corazón”, comenta Eddy en un popular programa de entrevistas que se emite en la televisión nacional.
La madre biológica de Eddy pidió salir del hospital de maternidad con un documento para buscarlo más tarde en 2002, pero nunca regresó. En aquellos años, cuando la economía del país se estaba recuperando tras el colapso de la Unión Soviética, muchos niños kazajos eran adoptados por extranjeros y llevados al extranjero.
El Ministerio del Interior de Kazajistán ha informado de que ahora los extranjeros pueden pagar hasta 50.000 dólares por un recién nacido víctima de trata.
Hoy en día, en Kazajistán, las cuestiones relacionadas con la adopción de niños están reguladas por ley. En caso de detectarse un delito, en particular un acto de compraventa u otras transacciones en relación con un menor, el hecho se registra en virtud del artículo 135, sobre tráfico de menores, del Código Penal.