Ciudadanos irá a juicio el día 9 de octubre por el nombramiento de la gestora tras la marcha de Rivera. Los procesos orgánicos de la formación naranja no son su fuerte y, en más de una ocasión han tenido problemas por la ausencia de democracia y el burdo intento de manejar resultados en elecciones primarias como es el caso de Castilla y León y Murcia.
El 29 de octubre de 2019 la reunión del Consejo General de Ciudadanos aprobó la fecha de celebración del Congreso, en el que se elegiría la nueva dirección de la formación, y el nombramiento de una gestora y su reglamento que estaría vigente hasta la celebración de dicho congreso.
Ya en su momento se supo que además de un debate bronco, se descartó el voto secreto, a última hora, para la elección de la gestora y, varios miembros reconocidos se dieron de baja del partido abochornados por lo que había sucedido.
Según informa VozPópuli, pocos después de los hechos relatados, el exafiliado naranja, Antonio Álvarez, presentó una demanda por vía civil contra Ciudadanos por entender que sehabían vulnerado varios artículos de los estatutos.
La instrucción de la causa se ha llevado en absoluto secreto desde el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, ubicado en la zona de Plaza de Castilla y que dirige la jueza Amaia Castaño.
Este proceso previo al congreso, que finalmente se celebró en mayo por el covid-19 y del que salió elegida como presidenta a Inés Arrimadas, puso de manifiesto un duro enfrentamiento entre los partidarios del ya dimitido Albert Rivera, alineados con Arrimadas, y el sector crítico : Luis Garicano, Francisco Igea e Ignacio Prendes.
El voto de la fecha de la Asamblea General -el 15 de marzo- pasó sin problemas con la unanimidad de los 128 miembros del Consejo General que tenían derecho de sufragio. Sin embargo, la siguiente votación sobre la composición de la gestora provocó un enorme revuelo.