Los sindicatos le han visto las orejas al lobo (el lobo es Pedro Sánchez) y ya empiezan a dar los primeros síntomas de crítica y disensión con las políticas económicas del Gobierno. Hemos entrado en una nueva fase de las relaciones del mundo obrero con el Ejecutivo de coalición. La dulce luna de miel se ha terminado, el buenrrollismo con Yolanda Díaz se ha enfriado y las fricciones han pasado de los despachos a las portadas de los periódicos. La renuncia a la derogación íntegra de la reforma laboral, los sospechosos ajustes en las pensiones que prepara Escrivá, el abandono de la Sanidad pública y en general el férreo control liberal que Nadia Calviño ejerce sobre el Consejo de Ministros han puesto la mosca detrás de la oreja de los líderes sindicales.
No es que UGT y Comisiones Obreras estén pensando en montarle una huelga general al presidente del Gobierno hoy mismo, aunque nunca se sabe. Pero sí hay claros signos de agrietamiento de ese bloque de izquierdas PSOE/confluencias/sindicalismo que hasta ahora parecía funcionar como una maquinaria bien engrasada. No hay más que echar un vistazo a los comunicados que se están emitiendo en las últimas horas desde las organizaciones de los trabajadores, a propósito de las pensiones, para entender que algo se está moviendo y que Sánchez tiene motivos para estar preocupado. “La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites. Para UGT y CCOO es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles que ni siquiera están recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020”, aseguran mientras los jubilados se echan a la calle para defender su futuro.
El runrún es más palpable aún si tenemos en cuenta que los sindicatos mayoritarios emplazan al Gobierno a cumplir, “cuanto antes”, lo pactado en el acuerdo del pasado mes de julio en las materias que aún están por desarrollar y advierten de que, en ningún caso, van a admitir ninguna medida que implique “un recorte en las pensiones, tal como supone ampliar el periodo de cálculo que se ha anunciado”. El malestar en los sindicatos es más que ostensible y si tienen que elegir entre Sánchez y las clases obreras optarán por lo segundo por propia supervivencia.
En las últimas semanas, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez se habían mostrado tolerantes y condescendientes con el plan trazado por Moncloa, que no es otro que lograr el consenso o paz social con todos los agentes sociales, a cualquier precio, para sacar adelante la reforma laboral edulcorada. Sin embargo, detrás de las buenas palabras de Álvarez y Sordo instando a que cesara el ruido mediático y a no “ahogarse en un vaso de agua” con el fin de que la negociación tripartita (Gobierno/patronal/sindicatos) llegara a buen puerto, es evidente que había recelo, malestar, resquemor. La renuncia del Ejecutivo a “derogar” íntegramente la reforma laboral de Rajoy de 2012 y la nueva apuesta por tocar solo los aspectos más lesivos del marco laboral del PP suponía un flagrante incumplimiento electoral, por mucho que Yolanda Díaz quisiera quitarle hierro al asunto calificando el término “derogación” de simple “fetiche” electoral. Aquello escoció en UGT y Comisiones Obreras, aunque Sordo y Álvarez prefirieron seguir a la expectativa, a la espera de conocer el texto definitivo, y no abrir una guerra ya.
Pero ocurrió que, unos días después de la bochornosa renuncia del Gobierno a acabar con todo el bodrio laboral de Rajoy, el ministro Escrivá se descolgaba con una nueva ocurrencia para supuestamente garantizar el futuro de las pensiones: aumentar la base de cotización de los trabajadores y empresarios (un nuevo sablazo del 0,2 y el 0,4 por ciento, respectivamente). La idea venía a sumarse a otras propuestas exóticas del controvertido titular de Seguridad Social, como ampliar la edad laboral de los españoles, trabajar más tiempo y buscar nuevas fuentes de ingresos como recortar la paga de los baby boomers, la generación de nacidos entre 1960 y 1975. Las aviesas intenciones de Escrivá –lógicas desde el punto de vista de los números y las matemáticas, pero exentas del socialismo más elemental, ya que olvida que el mayor esfuerzo para sostener las pensiones deben hacerlo las rentas más altas y las grandes fortunas, no las clases trabajadoras– han terminado por sacar a la calle a miles de jubilados preocupados por su futuro, una serie de protestas que se dieron incluso en pleno 40Congreso del PSOE celebrado en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre y que supuso el volantazo declarado, público y confeso de Sánchez a la derecha.
Hoy mismo los representantes sindicales, del Gobierno y la patronal se han levantado de la mesa de negociación sin acuerdo. UGT y Comisiones reconocen “pequeños avances” y apelan al manido “seguiremos trabajando”, pero lo cierto es que el pacto aún no se ha firmado. Pepe Álvarez exige que se cierre un acuerdo esta misma tarde, sin más dilaciones, dejando claro que no está dispuesto a tragar con un documento que contemple un aumento en el cálculo de las bases de la cotización. El otoño sigue siendo caliente y no es por el cambio climático.