A Alberto González Amador, se “le escapa” María Jesús Montero. La sala de Lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado las querellas contra la vicepresidenta del Gobierno por delito de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Siguiendo la estrategia que mantiene la pareja de la presidenta de la CAM, las acciones judiciales no fueron presentadas por el empresario directamente sino por la Asociación Liberum y la Fundación Foro y Libertad, próximas a la extrema derecha. Pero no es la primera vez que González Amador actúa de esa manera. Ya lo hicieron sus abogados cuando iniciaron las actuaciones judiciales contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos que ha acabado en el alto tribunal. En ese caso fue Hazte Oír la que tramitó la demanda. Y se hace así para evitar la inadmisión a trámite. Se sabe que el TS es poco proclive a aceptar las denuncias de particulares mientras que este tipo de asociaciones están habilitadas por resolución de la sala de Lo Contencioso Administrativo. En cualquier caso, la inadmisión a trámite contra la vicepresidenta supone un serio revés contra González Amador que está dispuesto a perseguir en los tribunales a todo el que considere que ha vulnerado su intimidad.
Es su forma de contraatacar ante lo que ya es evidente: su procesamiento por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública y, ahora, en una pieza separada abierta por la jueza de Madrid número 19 que lleva la instrucción de su causa, la investigación de la comisión de delitos de administración desleal y corrupción en los negocios en lo que se refiere a su relación con el grupo Quirón Salud. Ya no se trata de reconocer que dejó de pagar 350.000 euros a Hacienda en los impuestos de sociedades. Ahora la cosa puede ir más lejos porque se va a investigar las actividades de la empresa principal de González Amador, Masterman & Whitaker, porque se sospecha que era una sociedad pantalla a través de la cual el empresario ingresó las comisiones del grupo Quirón con el propósito de generar unos gastos ficticios para “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”, según la versión de la Agencia Tributaria. El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la AEAT y los tribunales examinan continuamente, desde los puntos de vista fiscal y criminal.
La vicepresidenta del gobierno, responsable de la cartera de Hacienda había avisado de que se podían encontrar más irregularidades en la actividad empresarial de González Amador. Pero nunca llegó a concretarlas. “Yo diría que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país”. Eso es lo que dijo la Montero, que fue el objeto de la querella y que el Supremo no considera delito de revelación de secretos. La sala de Lo Penal, en una resolución cuya ponente ha sido la magistrada Carmen Lamela, considera que “la noticia relacionada con la actuación del sr. González Amador ante la Agencia Tributaria ya había saltado a los medios de comunicación” el día en que la ministra hizo esas declaraciones.
Para el alto tribunal, “todo ello pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones a que se refieren las querellas, la denuncia de Fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos. No puede por tanto estimarse cometido el delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto en el artículo 197 del Código Penal. Tampoco aparece, del propio contenido de sus manifestaciones, que las declaraciones realizadas se refirieran a datos o informaciones de los que tuviere conocimiento por razón de su cargo. Ningún dato personal y reservado reveló del sr. González Amador. Se limitó a dar su opinión sobre lo que, a su juicio, debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las noticias difundidas en relación a su pareja. Por ello ningún indicio se aprecia tampoco de que la sra. Montero haya podido cometer un delito de violación de secretos previsto en el art. 417 CP (Código Penal)”. Expertos juristas creen que este mismo criterio debería haber sido utilizado en el caso del fiscal general del Estado. De ahí que se prevea un escaso recorrido para la instrucción judicial que se está llevando a cabo contra García Ortiz.
De confirmarse un hipotético archivo de esta causa, fracasará la estrategia que han generado en el entorno de González Amador. Otra cosa son las demandas civiles que el empresario presente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por haberle calificado de “delincuente confeso”. Los abogados de González Amador saben perfectamente que no pueden presentar querellas penales porque estas deberían ser juzgadas en el Tribunal Supremo debido a su aforamiento, con escasas garantías de ser admitidas a trámite. En cambio, una demanda civil para reclamar el derecho al honor es más viable.
Aquí mismo ya se ha dicho que a la pareja de Díaz Ayuso no se la puede calificar de delincuente, aunque se añada el calificativo de “confeso” porque el reconocimiento de un delito no es en absoluto una confesión odeclaración de culpabilidad. En España, según el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la confesión de un reo no puede determinar su condena. Por lo tanto, el argumento que utilizan los dirigentes socialistas es rebatible ante un tribunal.
Es el último recurso que queda a Alberto González Amador quien debería, más bien, en lugar de intentar contraatacar, defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre él. Porque la nueva pieza separada va a deparar muchísimas irregularidades todas ellas para ahorrarse pagar al fisco. Y lo malo es que, de seguir así las cosas, a la que va a salpicar será a Díaz Ayuso.